Las prácticas mineras implementadas por los expresidentes destruyeron bosques, manglares, humedales y praderas; contaminaron el agua, suelo y aire causando ecocidio. Además, pusieron en segundo término los derechos de las personas y comunidades que viven en zonas mineras.
La explotación minera se profundizó en los sexenios prianistas. Durante los gobiernos neoliberales, el Estado otorgó poder a las mineras para destruir y contaminar por décadas. Los actores políticos del pasado utilizaron la actividad para despojar a la nación en detrimento de las comunidades.
En este sentido, los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, causaron un enorme daño a los pueblos, a los trabajadores y al país en general con su política minera.
Tan solo en los últimos 25 años, las corporaciones mineras se han apoderado de más de la mitad del territorio nacional: 117.6 millones de hectáreas; y a la fecha, las mineras acaparan 21.3 millones de hectáreas, lo que equivale al 10.6% del territorio nacional.
Por mencionar un ejemplo, durante la administración de Vicente Fox, se expidieron 17 mil 774 concesiones mineras lo cual dejó a diversas comunidades hundidas en la contaminación, pobreza y esclavitud.
Además, tan solo de enero a noviembre de 2006, se brindaron mil 573 concesiones principalmente en Durango, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Coahuila con una extensión de tres millones 630 mil hectáreas, según información de la Dirección General de Minas (DGM).
No obstante, cifras oficiales revelan que durante el sexenio de Felipe Calderón se concesionaron 35.5 millones de hectáreas del país, seguido de Ernesto Zedillo que entregó 34.6 millones de hectáreas y Vicente Fox quien cedió 24.9 millones de hectáreas. Mientras que los priístas Peña Nieto y Salinas de Gortari entregaron 9.9 y 8.9 millones de hectáreas respectivamente.
Las prácticas mineras implementadas por los expresidentes destruyeron bosques, manglares, humedales y praderas; contaminaron el agua, suelo y aire causando ecocidio. Además, pusieron en segundo término los derechos de las personas y comunidades que viven en zonas mineras.
Cabe destacar que las corporaciones mineras que fueron cobijadas por los actores políticos del pasado actuaron con completa irresponsabilidad e impunidad pues ocuparon su poder para sobornar y asesinar a defensores y activistas en favor del medio ambiente y opositores a sus proyectos.
Además, los daños al ecosistema fueron constantes; en 2014, durante el gobierno de Peña Nieto ocurrió el derrame de tóxicos en el río Sonora —causado por el Grupo México— lo cual no solo afectó al medio ambiente sino que dañó considerablemente la salud de las comunidades locales.
Aunado a esto, las condiciones laborales en las que desempeñaron los trabajadores por décadas fueron deplorables. Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) han luchado por sus derechos y por medidas de seguridad e higiene óptimas para realizar sus labores, sin embargo fueron ignorados y perseguidos por los gobiernos prianistas.
En febrero de 2006, la mina ocho, Unidad Pasta de Conchos, Coahuila, sufrió una terrible explosión por una acumulación de gas metano que vio incrementados sus efectos debido a las ínfimas condiciones de seguridad del lugar. ¿Las consecuencias?: 65 trabajadores murieron y 11 presentaron quemaduras de primer y segundo grado.
Las víctimas aseguraron que sus compañeros murieron por “homicidio industrial”; lo anterior debido a que el dueño de Grupo México, Germán Larrea —propietario de dicha mina— decidió no invertir en los soportes de la mina y corregir sus anomalías para el bienestar de sus trabajadores. Además, confió en la protección y complicidad del gobierno foxista, pues a los cinco días del derrumbe, ordenó abandonar los trabajos de rescate a pesar de que aún había esperanzas. El desastre minero de Pasta de Conchos no debe quedar impune.
De cara a la consulta popular ciudadana que se celebrará el próximo 1 de agosto, los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, deben ser llevados a juicio por los múltiples delitos que cometieron durante sus gestiones, entre ellos, por haber otorgado concesiones mineras que destruyeron comunidades, causaron ecocidios y enriquecieron a las grandes corporaciones en detrimento del bienestar de las y los mexicanos.
