#JuicioSÍ | Destrucción del expediente Cadereyta, otro atropello del sexenio calderonista

La masacre de Cadereyta causó indignación internacional debido a la negligencia e ineptitud con las que se manejaron las autoridades a cargo.

La masacre de 49 migrantes cuyos cadáveres aparecieron en la carretera de Cadereyta, Nuevo León, ocurrida en mayo de 2012, durante la gestión de Felipe Calderón, continúa siendo un caso de impunidad e injusticia, el cual causó indignación internacional debido a la negligencia e ineptitud con las que se manejaron las autoridades a cargo.

La masacre de Cadereyta vuelve a tomar relevancia en el marco de la consulta popular para llevar a juicio a expresidentes, pues a través de redes sociales, usuarias y usuarios han asegurado que el exmandatario panista Felipe Calderón debe de estar en prisión por los múltiples delitos que cometió durante su gestión, entre ellos, la destrucción de los expedientes originales con las investigaciones sobre la ejecución de los 49 migrantes en Cadereyta.

Masacre de Cadereyta

El 13 de mayo de 2012, en el marco de la fallida guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, fueron hallados los torsos de 49 personas —43 hombres y seis mujeres— en el kilómetro 47 de la carretera Monterrey-Reynosa, a la altura de Cadereyta, Nuevo León.

Nueve años después, solo se ha logrado identificar a 17 de las víctimas, nueve de las cuales eran migrantes hondureños que trataban de llegar a Estados Unidos. Las 49 personas que fueron ejecutadas presentaban signos de tortura y les fueron cercenadas sus extremidades.

Cabe destacar que la masacre ocurrió meses después del incendio perpetrado por Los Zetas el 25 de agosto de 2011 en el Casino Royale, en Monterrey, en el cual murieron 52 personas.

Tanto la Fiscalía de Nuevo León así como la entonces Procuraduría General de la República (PGR), iniciaron averiguaciones en torno al caso, no obstante, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio que concluyó en la recomendación de que la instancia federal se hiciera cargo de toda la investigación, por lo que la fiscalía estatal debía remitirle sus expedientes.

Dicho mandato se llevó a cabo hasta enero de 2018. Los documentos se entregaron en la sucursal de la colonia Cumbres de Monterrey y desde ahí se perdió su rastro por lo que los expedientes no llegaron a su destino.

Más adelante se hizo de conocimiento público que los trabajadores de la empresa de paquetería Redpack, fueron quienes supuestamente destruyeron los expedientes originales con las evidencias materiales de la masacre de Cadereyta.

Tras el evento, las familias de las víctimas presentaron denuncias y señalaron al gobierno de Calderón por la débil cadena de custodia que implementó tratándose de una documentación tan importante, pues el envío se realizó sin ninguna clase de seguridad. Además, instaron a diversas organizaciones a investigar y determinar las violaciones a derechos humanos que implicaron dichas acciones.

Cabe señalar que la consulta ciudadana para enjuiciar a cinco expresidentes del periodo neoliberal —Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— por los múltiples crímenes, atropellos y actos de corrupción que cometieron durante sus gestiones, se realizará el próximo 1 de agosto; este ejercicio de democracia participativa representa un hecho histórico, pues por primera vez, el pueblo podrá juzgar los crímenes de los que fue víctima.

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