El retorno del PRI al poder le trajo a México severas consecuencias. Enrique Peña Nieto terminó su gestión como uno de los presidentes más repudiados en la historia moderna del país por la corrupción, impunidad, las violaciones a los derechos humanos y los excesos faraónicos durante su gobierno.
Los nombres de los expresidentes que gobernaron a México durante el periodo 1988-2018 —Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— son referente de sufrimiento, impunidad, corrupción y saqueo. Tráfico de influencias, desvío de recursos públicos, crímenes de lesa humanidad, violación a los derechos humanos y vínculos con el narcotráfico son algunos de los antecedentes que guardan los políticos que gobernaron nuestro país por 30 años.
El próximo 1 de agosto la ciudadanía tendrá en sus manos la oportunidad histórica de mandar a juicio a cinco exmandatarios del periodo neoliberal, que fueron partícipes de un sistema de corrupción y abuso de poder del cual se beneficiaron a costa del bienestar de las y los mexicanos.
Esta quinta entrega especial de Bendito Coraje está dedicada a Enrique Peña Nieto, presidente del país durante el periodo 2012-2018 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su gestión es considerada como una de las peores en la historia reciente de México, marcada por los incontables actos de corrupción, los altos índices de violencia y las violaciones a derechos humanos.
Desde las mal llamadas reformas estructurales que saquearon al país, pasando por los crímenes de Estado como lo fueron la masacre de Tlatlaya y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, hasta los casos de corrupción como el escándalo de ‘La Casa Blanca’ y ‘La Estafa Maestra’, son solo algunos de los abusos y atropellos que se cometieron durante el sexenio peñista.
Reforma energética: red de corrupción y sobornos
A finales del 2013 se aprobó la reforma energética enviada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto en el marco del mal llamado ‘Pacto por México’, un acuerdo político-legislativo entre el PRI, PAN y PRD, cuya constitución fue totalmente cupular, corrupta y autoritaria, la cual, además, escondía un proyecto de privatizaciones y saqueo en favor de las grandes corporaciones —tanto nacionales como extranjeras—, omitiendo la defensa de nuestra soberanía y del patrimonio nacional.
La reforma energética de EPN, que buscó únicamente favorecer a empresas privadas nacionales y extranjeras —debido a sus políticas diseñadas por gobiernos neoliberales—, en detrimento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), le causó un grave daño al país y, entre sus efectos, se puede mencionar la pérdida de la soberanía energética nacional y el incremento a los precios de la luz a costa del bienestar económico de las y los mexicanos.
Además, para su aprobación se tejió una red de sobornos orquestada por Peña Nieto y su secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Ambos conformaron una asociación delictiva que, de 2013 a 2014, canalizó aproximadamente 100 millones de pesos en sobornos a legisladores.
Dicha suma provino de transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht. Información oficial reveló que Peña Nieto y Videgaray decidieron implementar un esquema de sobornos criminal dirigido a funcionarios que se consideraban “clave” en la aprobación de la reforma energética.
Masacre de Tlatlaya
La madrugada del 30 de junio de 2014, un grupo de militares ingresó a un inmueble localizado en la comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, y abrió fuego en contra de civiles —entre ellos menores de edad— que se encontraban dormidos. En dicha masacre, 22 personas fueron asesinadas.
Tras los hechos, el presidente Enrique Peña Nieto criminalizó a las víctimas y refirió que 22 “presuntos criminales” habían muerto durante un enfrentamiento con elementos del Ejército.
De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el gobierno federal mintió en la versión que ofreció a los medios. Autoridades del organismo señalaron que, con base en la inspección del lugar y los testimonios de tres mujeres que sobrevivieron al incidente, los militares dispararon mientras todos dormían dentro del inmueble.
Asimismo, se indicó que el intercambio de disparos duró entre cinco y 10 minutos debido a que las personas en el interior de la bodega se rindieron rápidamente. La CNDH aseguró que la escena del crimen fue alterada a tal grado que algunos cadáveres fueron movidos y a todos los cuerpos sin vida les fueron colocadas armas; esto, con la intención de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento.
En la masacre de Tlatlaya se cometieron diversas violaciones a los derechos humanos y aunque algunos militares fueron detenidos, otros fueron exonerados tan solo dos años después del crimen.
Ayotzinapa: crimen de Estado
El 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron atacados, torturados, intimidados y desaparecidos sin dejar rastro alguno, en lo que se conoce como uno de los episodios de violación a los derechos humanos más devastadores en la historia reciente de México.
Aquella noche de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos viajaban en autobuses camino a la Ciudad de México para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968, cuando fueron atacados.
El saldo de esa fatídica noche fue brutal: 43 estudiantes desaparecidos, 9 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas —incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con muestras de tortura— y al menos 40 personas fueron lesionadas. También, más de 180 personas fueron víctimas directas de las violaciones a derechos humanos que se cometieron esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas.
Cabe destacar que la obstrucción de la investigación por parte de los mismos funcionarios de la administración de Peña Nieto —como el exprocurador Jesús Murillo Karam— ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos sea conocida tanto para los familiares como para la sociedad en general.
Después de casi siete años, la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa continúa siendo un crimen de Estado sin resolver. El gobierno de Enrique Peña Nieto encubrió, mintió y realizó falsas diligencias sobre el caso.
El escándalo de ‘La Casa Blanca’
Tras varios meses de investigación, en noviembre de 2014, un grupo de periodistas del equipo de Carmen Aristegui confirmó que la residencia familiar de Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, ubicada en Lomas de Chapultepec —una de las zonas residenciales más lujosas y exclusivas de la Ciudad de México—, no estaba registrada a nombre del presidente, ni de su esposa y tampoco de sus hijos.
‘La Casa Blanca’, nombre que se le dio al domicilio y cuyo valor aproximado fue de 86 millones de pesos, era propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa perteneciente a Grupo Higa. Ésta recibió contratos millonarios en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador y alquiló aeronaves al PRI durante la campaña por la Presidencia en 2012, a través de otra de sus filiales: Eolo Plus.
La investigación reveló que ‘La Casa Blanca’ fue diseñada “al gusto” de Peña Nieto y Angélica Rivera y poseía innumerables lujos: piso de mármol, área de spa, jacuzzi, bar, además de contar con un sistema de luces para crear ambientes. Aunado a esto, periodistas lograron establecer que la lujosa casa era resguardada por el Estado Mayor Presidencial desde 2012.
Luego de hacerse pública la indagación, Angélica Rivera aseguró ser la propietaria del inmueble y dijo haberlo adquirido con el dinero producto de su trabajo como actriz. Sin embargo, el acontecimiento ya había manchado —aún más— la imagen del gobierno peñista y se desató una ola de indignación por parte de las y los ciudadanos, pues además, Carmen Aristegui y su equipo de periodistas sufrieron actos de censura y fueron despedidos de la cadena MVS Noticias tras la publicación de la investigación de ‘La Casa Blanca’.
‘La Estafa Maestra’
La llamada ‘Estafa Maestra’ se trató de un sistema de corrupción en el que 11 dependencias del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto usaron 128 empresas fantasma para desaparecer miles de millones de pesos y enriquecerse del erario público.
El descubrimiento de este caso tuvo su origen en el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas de la administración peñista en 2013 y 2014.
El modus operandi empleado en esta estafa consistió en la asignación de contratos irregulares para la realización de servicios. De esta manera, 11 dependencias del gobierno federal recurrieron a ocho universidades públicas para hacer contrataciones por supuestos servicios, mismos que la ASF comprobó —por medio de auditorías— que no se cumplieron.
La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con Alfredo del Mazo y Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya, son las tres principales dependencias responsables del fraude millonario; sin embargo, la estafa fue configurada por Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de acuerdo a testimonios.
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El retorno del PRI al poder le trajo a México severas consecuencias. Enrique Peña Nieto terminó su gestión como uno de los presidentes más repudiados en la historia moderna del país por la corrupción, impunidad, las violaciones a los derechos humanos y los excesos faraónicos durante su gobierno.
El priísta será recordado como el mandatario más desaprobado por las y los mexicanos desde los años 90. Durante su sexenio, la violencia, la inseguridad pública, la pobreza, la corrupción y el endeudamiento del país aumentaron de manera drástica.
