#JuicioSÍ | Fox: el panista que engañó al pueblo para enriquecer a sus familiares y amigos

Fox

Vicente Fox vivió su sexenio entre la ambición de su familia, el tráfico de influencias, la corrupción y la opacidad de sus más cercanos funcionarios que se aprovecharon del presupuesto del pueblo de México para realizar sus negocios personales.

Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto son los cinco expresidentes de México del periodo neoliberal que podrían enfrentar la justicia por sus actos de corrupción, crímenes y abusos que cometieron durante sus administraciones. 

El próximo 1 de agosto, la ciudadanía podrá decidir si quiere someter a juicio a estos políticos que gobernaron la República por 30 años, tiempo en el que México vivió una de sus etapas más oscuras. 

En esta tercera entrega especial de Bendito Coraje se hablará de Vicente Fox Quesada, el primer panista que gobernó el país, entre diciembre del 2000 y noviembre de 2006, y en cuya administración la nación fue saqueada debido al tráfico de influencias que promovió el político blanquiazul, además de que se exprimió al erario del país para costear el lujoso estilo de vida de la familia de Fox y se cometió uno de los crímenes de Estado más indignantes en la historia reciente de México. 

Remodelación de Los Pinos: desfalco a la nación

Acostumbrado a los excesos, una de las primeras acciones de Vicente Fox al llegar a la presidencia fue ordenar una ostentosa remodelación de la residencia oficial de Los Pinos —que tuvo un costo total de 61 millones 895 mil 989 pesos—. En este sentido, una auditoría de 2015 reveló que Fox cometió diversas irregularidades en dicho proyecto, entre las que destaca la asignación de contratos sin licitar a su amigo, el arquitecto Humberto Artigas, para desviar millones de pesos del erario público. 

Además del tráfico de influencias expuesto en la auditoría 2015, se indica que Fox incurrió en otras irregularidades como subcontrataciones, pagos anticipados previos a la celebración de contratos, incumplimiento y duplicidad de convenios, sobreprecios, triangulación del gasto público, falta de entrega de bienes y suministro de objetos no requeridos y opacidad. 

La estructura de corrupción generada a raíz de la remodelación en Los Pinos causó un daño patrimonial de cerca de 39 millones de pesos. El desvío de recursos fue posible a través de la subcontratación de 10 empresas satélites, de las cuales, varias eran solo fachada, sin oficinas ni empleados.

El negocio de fideicomisos aduaneros

Vicente Fox y su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se aprovecharon de la creación de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, así como de empresas privadas creadas con dinero público —como Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA), donde Gil fue accionista—, para disponer de recursos públicos fuera del presupuesto. 

Uno de los fideicomisos conocido como ‘Aduanas I’ y cuyo administrador era el secretario particular de Gil, Lorenzo Hernández, recaudaba todo el dinero por el cobro del 2% del Derecho de Trámite Aduanal (DTA) que pagaban los importadores y exportadores de mercancías. Dichos recursos públicos (miles de millones de pesos) no ingresaban a la Tesorería de la Federación, ni su gasto era auditado. Por el contrario, el dinero se ocupaba para comprar vehículos de lujo, otorgar bonos y alimentar cuentas bancarias privadas en el extranjero. 

Durante el sexenio foxista, el control de los recursos que se acumulaban en los fideicomisos de aduanas, así como en las empresas privadas constituidas con dinero público, estaba en manos de Gil, quien se encargaba de manejar con opacidad el gasto de recursos e imposibilitaba que fuera auditado. 

De acuerdo a un balance correspondiente al primer trimestre del 2005, tan solo el fideicomiso ‘Aduanas I’ acumulaba un patrimonio de 19 mil millones de pesos que en 2006 se elevó a los 20 mil millones, los cuales fueron desviados de la Tesorería por Fox y Gil. 

Oceanografía

Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún —hijos de Marta Sahagún Jiménez, esposa de Vicente Fox—, junto con su tío Guillermo Sahagún, fueron beneficiados con el tráfico de influencias gestionado por Fox para que Petróleos Mexicanos (Pemex) asignara contratos a empresas petroleras privadas, como fue el caso de Oceanografía S.A. de C.V., propiedad de Amado Yáñez, actualmente vinculado a proceso por defraudación fiscal.

De acuerdo a investigaciones oficiales, los hijastros del exmandatario gestionaron contratos irregulares con Pemex por 5 mil 929 millones de pesos para favorecer a Oceanografía entre 2002 y 2006, de donde Manuel y Jorge Bribiesca recibieron jugosas comisiones. Además, Fox ordenó al entonces director de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, avalar los acuerdos mencionados. 

De hecho, fue durante el sexenio del panista cuando Oceanografía tuvo su despegue. En abril de 2000 estaba a punto de ser embargada por Hacienda, pero tan solo un año después había logrado aumentar su capital de 1.5 millones de pesos a 126 millones y medio.

Atenco: crimen de Estado

Los días 3 y 4 de mayo de 2006, en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, elementos de la policía federal, estatal y municipal —en ese entonces el Estado de México estaba gobernado por Enrique Peña Nieto— iniciaron un violento operativo y desalojo contra comerciantes de flores, pobladores y miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que se oponían a la construcción del nuevo aeropuerto, ordenada por el presidente Vicente Fox. 

Ante el desalojo, habitantes y miembros del FPDT decidieron bloquear la carretera Texcoco-Lechería; sin embargo, el 4 de mayo, alrededor de mil 815 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y 700 de la Policía Federal Preventiva rompieron el bloqueo carretero y continuaron con los actos violentos. 

Derivado de este operativo perpetrado por cuerpos policiales comandados por el gobierno, ocurrieron una serie de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en contra de pobladores, comerciantes, campesinas, campesinos y periodistas. 

El saldo incluyó dos muertes, 31 casos de agresiones sexuales, 26 violaciones sexuales en contra de mujeres —muchas de ellas abusadas mientras eran trasladadas al penal de “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez—, detención arbitraria de más de 140 personas, entre ellas, varios menores de edad y centenas de denuncias por graves violaciones a los derechos humanos.  

Las acciones en Atenco fueron ilegítimas, violentas, arbitrarias e injustificables; se hizo uso excesivo de la fuerza, se torturó física y psicológicamente a las víctimas y, al día de hoy, los culpables siguen libres. 

Vicente Fox vivió su sexenio entre la ambición de su familia, el tráfico de influencias, la corrupción y la opacidad de sus más cercanos funcionarios que se aprovecharon del presupuesto del pueblo de México para realizar sus negocios personales. De igual forma, su administración quedó marcada por su incapacidad para gobernar y por la brutal represión social que atentó contra los derechos humanos de cientos de personas. 

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