Masacres y violencia: otra razón para decir #JuicioSíImpunidadNo

Las masacres de Acteal y Villas de Salvárcar, las desapariciones forzadas de los normalistas de Ayotzinapa y de pobladores de la comunidad de Allende, y las ejecuciones extrajudiciales de Aguas Blancas y Tlatlaya, son algunos de los crímenes que marcaron los sexenios pasados.

Durante los gobiernos neoliberales, cientos de mexicanas y mexicanos fueron víctimas de una violencia imparable que convirtió en un cementerio a nuestro país. La impunidad que imperó por 30 años en México enterró la esperanza de incontables personas que fueron víctimas directas e indirectas de crímenes, abusos y atropellos perpetrados por el Estado. 

El próximo 1 de agosto se llevará a cabo la consulta popular para someter a juicio a cinco expresidentes del periodo neoliberal. Dicho ejercicio de democracia participativa ha sido impulsado por la ciudadanía y por las víctimas de las arbitrariedades cometidas durante los sexenios prianistas. 

Uno de los principales promotores de la consulta es Omar García, sobreviviente de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, la cual ocurrió bajo el mandato de Enrique Peña Nieto. Su objetivo —como el de muchas mexicanas y mexicanos—, es obtener justicia por el crimen al que él y sus compañeros fueron sujetos, y hacer valer la voz del pueblo en temas de trascendencia nacional. 

Cómplices de corrupción e impunidad, los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), podrían ser condenados por las múltiples transgresiones y crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante sus gestiones. 

Esta recopilación especial realizada por Bendito Coraje, recoge algunos de los episodios más violentos e indignantes en la historia reciente de México como las masacres de Acteal y Villas de Salvárcar, las desapariciones forzadas de los normalistas de Ayotzinapa y de pobladores de la comunidad de Allende, y las ejecuciones extrajudiciales de Aguas Blancas y Tlatlaya, que marcaron los sexenios pasados. 

Salinas de Gortari

EZLN

El 1 de enero de 1994, militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se sublevaron en el estado de Chiapas para exigir al gobierno encabezado por Salinas de Gortari, justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México y de los sectores más empobrecidos por culpa de sus políticas.

El levantamiento —que también surgió como respuesta a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)— fue sofocado por el Ejército enviado por el gobierno federal. 

El violento combate duró 11 días. Las tropas federales empezaron a detener civiles de las poblaciones cercanas al lugar del enfrentamiento para ejercer represalias o presentarlos como prisioneros; hubo asesinatos, desplazamientos, emboscadas y bloqueos de carreteras. Información extraoficial revelada en aquel momento, apuntó que al menos 200 personas murieron y decenas de cadáveres de zapatistas quedaron esparcidos por las zonas selváticas. 

Ernesto Zedillo

Aguas Blancas

En junio de 1995 —solo unos meses después de que Ernesto Zedillo tomara el cargo de presidente de la República— más de 40 de campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se dirigían a un mitin en Atoyac de Álvarez, Guerrero, cuando fueron emboscados violentamente por al menos 400 policías y agentes judiciales en el vado de Aguas Blancas. 

En la emboscada, los policías obligaron a los campesinos a tirarse de cara al suelo y les dispararon durante casi 20 minutos. 17 campesinos fueron asesinados y 21 resultaron heridos de gravedad.  

Sobrevivientes de dicha masacre confirmaron que los policías que cometieron ese genocidio iban con el conocimiento del entonces gobernador del estado, el priísta Rubén Figueroa. Además, señalaron que las autoridades alteraron la escena del crimen para culpar a los campesinos. 

La masacre de Aguas Blancas nunca fue investigada con seriedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que hubo irregularidades en los procesos de investigación penal y jurídica relacionados con el multihomicidio. Al día de hoy, el crimen permanece impune. 

Acteal

En diciembre de 1997 en la localidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, 45 indígenas tzotziles pertenecientes a la organización pacifista ‘Las Abejas’ —grupo de origen Maya-Tzotzil, abiertamente antineoliberal— fueron asesinados brutalmente a manos de un comando paramilitar mientras rezaban en una ermita cristiana. 

La masacre que duró más de seis horas se perpetró a tan solo 200 metros de un retén de la policía y fue materializada por al menos 90 hombres armados que ejecutaron a 15 niñas y niños, 21 mujeres (de las cuales cuatro estaban embarazadas) y 9 hombres adultos.

El crimen de Acteal fue parte de una guerra no declarada pero organizada por dependencias federales y estatales. Tras el levantamiento zapatista de 1994, el gobierno encabezado por Zedillo alentaba o simulaba conflictos de tierra, políticos o religiosos para enfrentar a las comunidades y así justificar la intervención militar.

El asesinato de las y los 45 tzotziles es uno de los episodios más crueles de la historia reciente del país; instancias en pro de los derechos humanos señalaron el acto como una ‘brutalidad’ auspiciada por el gobierno de Zedillo. Luego de cometerse el crimen las autoridades encarcelaron a 58 personas, sin embargo, al menos 36 fueron liberadas. 

En 2011, víctimas anónimas de la masacre presentaron una demanda civil en contra del entonces presidente ante la corte de New Haven, Connecticut, empero, un año después, el gobierno de Estados Unidos le concedió inmunidad diplomática a Zedillo dejándolo libre de cualquier cargo. 

Vicente Fox

Atenco

Los días 3 y 4 de mayo de 2006, en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, elementos de la policía federal, estatal y municipal —en ese entonces el Estado de México estaba gobernado por Enrique Peña Nieto— iniciaron un violento operativo y desalojo contra comerciantes de flores, pobladores y miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que se oponían a la construcción del nuevo aeropuerto, ordenada por el presidente Vicente Fox. 

Ante el desalojo, habitantes y miembros del FPDT decidieron bloquear la carretera Texcoco-Lechería; sin embargo, el 4 de mayo, alrededor de mil 815 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y 700 de la Policía Federal Preventiva rompieron el bloqueo carretero y continuaron con los actos violentos. 

Derivado de este operativo perpetrado por cuerpos policiales comandados por el gobierno, ocurrieron una serie de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en contra de pobladores, comerciantes, campesinas, campesinos y periodistas. 

El saldo incluyó dos muertes, 31 casos de agresiones sexuales, 26 violaciones sexuales en contra de mujeres —muchas de ellas abusadas mientras eran trasladadas al penal de “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez—, detención arbitraria de más de 140 personas, entre ellas, varios menores de edad y centenas de denuncias por graves violaciones a los derechos humanos.  

Las acciones en Atenco fueron ilegítimas, violentas, arbitrarias e injustificables; se hizo uso excesivo de la fuerza, se torturó física y psicológicamente a las víctimas y, al día de hoy, los culpables siguen libres. 

Felipe Calderón

Villas de Salvárcar

En enero de 2010 un grupo de estudiantes de bachillerato celebraban una fiesta de cumpleaños en el fraccionamiento Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando un comando armado de al menos 20 sicarios irrumpieron en el lugar y dispararon contra los presentes dejando un saldo de 15 muertos y más de 10 heridos. 

Al dolor y la confusión se sumó la criminalización de las víctimas, pues al ser cuestionado sobre la balacera, Felipe Calderón quiso justificar la masacre al declarar que «si los mataron es porque en algo andaban”.  

Padres y madres de las víctimas recriminaron que la administración calderonista fuera inmune al dolor de las familias y que el mismo panista levantara falsos sobre las y los estudiantes masacrados para huir de su responsabilidad. “Yo quiero que usted se retracte de lo que dijo. Estaban en una fiesta. Estudiaban y trabajaban. Le apuesto a que si a usted le hubieran matado a un hijo, buscaría al asesino”, le increpó una madre en su momento. 

Cabe destacar que, en 2008, el entonces mandatario impulsó el llamado Operativo Conjunto Chihuahua, que llevó a sitios como Ciudad Juárez a colocarse entre los lugares más violentos del mundo.

Allende

En 2011, a 60 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, la comunidad de Allende, Coahuila, fue testigo de la sangrienta masacre que ejecutó el grupo criminal ‘Los Zetas’ y que formó parte de la ola de violencia que vivió nuestro país a causa de la fallida guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón. 

En marzo de 2011, Allende, un pequeño pueblo ganadero, se convirtió en una zona de guerra: casas y comercios fueron destruidos; mujeres, hombres, niñas y niños fueron asesinados y desaparecidos. La masacre fue tan brutal que al día de hoy, no hay claridad sobre el número exacto de víctimas. 

De acuerdo a información consultada, al menos 60 sicarios del Cártel Los Zetas comandado en aquél momento por los hermanos Miguel Ángel Treviño (el Z40) y Omar Treviño (el Z42), ingresaron al municipio de Allende —donde vivía un supuesto traidor— y con el apoyo de la policía comenzaron a saquear casas, incendiar negocios, y a matar y secuestrar a decenas de inocentes. 

Cabe destacar que, testimonios recogidos por las mismas investigaciones periodísticas, señalan que la policía local acató la orden de Los Zetas de no atender las llamadas de emergencia por parte de los pobladores.

Aunado a esto, la masacre se conoció tres años después de haberse cometido. Investigaciones revelaron que los gobiernos estatal y federal estaban al tanto del acontecimiento y a pesar de las múltiples violaciones a los derechos humanos que ocurrieron ese día, las autoridades y los medios de comunicación guardaron silencio. 

Peña Nieto

Tlatlaya

La madrugada del 30 de junio de 2014, un grupo de militares ingresó a un inmueble localizado en la comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, y abrió fuego en contra de civiles —entre ellos menores de edad— que se encontraban dormidos. En dicha masacre, 22 personas fueron asesinadas.

Tras los hechos, el presidente Enrique Peña Nieto criminalizó a las víctimas y refirió que 22 “presuntos criminales” habían muerto durante un enfrentamiento con elementos del Ejército. 

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el gobierno federal mintió en la versión que ofreció a los medios. Autoridades del organismo señalaron que, con base en la inspección del lugar y los testimonios de tres mujeres que sobrevivieron al incidente, los militares dispararon mientras todos dormían dentro del inmueble. 

Asimismo, se indicó que el intercambio de disparos duró entre cinco y 10 minutos debido a que las personas en el interior de la bodega se rindieron rápidamente. La CNDH aseguró que la escena del crimen fue alterada a tal grado que algunos cadáveres fueron movidos y a todos los cuerpos sin vida les fueron colocadas armas; esto, con la  intención de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento. 

En la masacre de Tlatlaya se cometieron diversas violaciones a los derechos humanos y aunque algunos militares fueron detenidos, otros fueron exonerados tan solo dos años después del crimen. 

Ayotzinapa

El 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron atacados, torturados, intimidados y desaparecidos sin dejar rastro alguno, en lo que se conoce como uno de los episodios de violación a los derechos humanos más devastadores en la historia reciente de México. 

Aquella noche de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos viajaban en autobuses camino a la Ciudad de México para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968, cuando fueron atacados. 

El saldo de esa fatídica noche fue brutal: 43 estudiantes desaparecidos, 9 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas —incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con muestras de tortura— y al menos 40 personas fueron lesionadas. También, más de 180 personas fueron víctimas directas de las violaciones a derechos humanos que se cometieron esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas. 

Cabe destacar que la obstrucción de la investigación por parte de los mismos funcionarios de la administración de Peña Nieto —como el exprocurador Jesús Murillo Karam— ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos sea conocida tanto para los familiares como para la sociedad en general. 

Después de casi siete años, la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa continúa siendo un crimen de Estado sin resolver. El gobierno de Enrique Peña Nieto encubrió, mintió y realizó falsas diligencias sobre el caso. 

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