La consulta popular representa un hecho histórico en el país, colocando nuestro sistema democrático a la par de naciones como EE.UU., Reino Unido, Suecia, Nueva Zelanda, entre otras.
La consulta popular sobre el juicio a expresidentes será un ejercicio único en México, el cual representa un avance fundamental en cuanto a la democracia participativa.
De esta manera, la participación del pueblo en temas de trascendencia nacional es indispensable para que su voluntad pueda incidir en el debate público y, especialmente, en las decisiones que adoptan los organismos representativos del Estado.
Tal es el caso de múltiples consultas que se han llevado a cabo en diferentes países a lo largo de los últimos años, dejando precedentes interesantes con respecto al derecho a la participación ciudadana.
Uno de los ejemplos más recientes fue la legalización de la eutanasia mediante referéndum en Nueva Zelanda, nombrada «Ley de elección al final de la vida”, con la cual se permite a personas con enfermedades terminales que puedan elegir la muerte asistida si lo avalan dos médicos.
La legalización de la marihuana que se ha concretado en algunos lugares de EE.UU., ya sea con fines recreativos en ciertos casos o solo para uso medicinal en otros, también se decidió mediante consulta, es decir, preguntándole a la gente.
Otro ejemplo es el Brexit de 2016, mediante el cual se decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea, luego de que el 51.9% de los votantes eligiera dicha opción.
Por su parte, Dinamarca rechazó el uso del euro gracias a un referéndum que se realizó en septiembre del 2000, con una participación del 86% de la población, donde el 53.1% de las y los votantes refutaron adoptar dicha moneda.
De igual forma, el referéndum en Suecia de septiembre de 2003 sobre el mismo tema tuvo como resultado un 56 por ciento del electorado que se manifestó en contra del euro.
En este sentido, México tiene la oportunidad de sumarse a la vanguardia de estos países con la consulta para enjuiciar a expresidentes, dando un paso trascendental en el que se garantice no solo la democracia representativa, sino también la democracia participativa.
Dicha consulta es en sí misma, además, un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder —como la corrupción, abuso de autoridad, privilegios y derroches—, aunado a que se establecería un quiebre respecto a la impunidad y encubrimiento que ha caracterizado a los gobiernos anteriores.
Asimismo, este ejercicio evitará que algunos sectores o personajes —especialmente cercanos a los exmandatarios que se pretende enjuiciar— puedan acusar al gobierno actual de llevar a cabo una “persecución política” en contra de los representantes del régimen anterior, como ya han intentado posicionar ante la opinión pública algunos medios e intelectuales orgánicos que recibían contratos millonarios de esas administraciones.
De esta manera, la consulta popular representa un hecho histórico en el país, colocando a nuestro sistema democrático a la par de naciones como EE.UU., Reino Unido, Suecia, Nueva Zelanda, etcétera.
Por primera vez, el pueblo podrá juzgar los crímenes de los que fue víctima. La consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que traicionaron a la patria es una muestra más del avance democrático que está viviendo México, pues en democracia, el pueblo es quien decide.
