Con el pueblo todo, sin el pueblo nada; juicio a expresidentes, ¿por qué es importante?

expresidentes

Por primera vez, el pueblo podrá juzgar los crímenes de los que fue víctima. La consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que traicionaron a la patria es una muestra más del avance democrático que está viviendo México.

En vísperas de la consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes del periodo neoliberal —Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— por los múltiples crímenes, atropellos y actos de corrupción que cometieron durante sus gestiones, vale la pena recordar cuáles son los motivos por los que este ejercicio de democracia participativa resulta imprescindible. 

Por principio, la consulta popular se enmarca como un derecho humano para que las y los ciudadanos cuenten con un mecanismo de democracia participativa —complemento de la democracia representativa—. En este sentido, la participación del pueblo en temas de trascendencia nacional es elemental para que su voluntad pueda incidir en el debate y especialmente en las decisiones que adoptan los organismos representativos del Estado.  

Decidir si se lleva a juicio a los expresidentes es una decisión trascendental en la vida política de las y los mexicanos, por lo que el pueblo tiene derecho a aprobarla de manera consciente e informada; de ahí la importancia de la consulta popular.

Además, esta clase de resoluciones le competen directamente a la sociedad en general, de modo que la forma más responsable y transparente de llevarlas a cabo es por la vía democrática, sometiéndose al derecho y, claramente, a la Constitución. 

Cabe recordar que, a finales del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, debido a que se reconoce la importancia de dar apertura a la intervención de las y los ciudadanos en las decisiones trascendentes de la nación y posibilitar, en su caso, juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso.

La consulta popular para enjuiciar a exmandatarios es en sí misma un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder —como la corrupción, abuso de autoridad, privilegios y derroches— además de un quiebre respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales. 

Asimismo, la consulta evita que algunos sectores o personajes —especialmente cercanos a dichos exmandatarios— puedan acusar al gobierno actual de ejercer una «persecución política» en contra de los representantes del régimen anterior, como ya han intentado posicionar ante la opinión pública algunos medios e intelectuales orgánicos que recibían contratos millonarios de esas administraciones.

De esta manera, el ejercicio participativo representa un hecho histórico; por primera vez, el pueblo podrá juzgar los crímenes de los que fue víctima. La consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que traicionaron a la patria es una muestra más del avance democrático que está viviendo México. En democracia, el pueblo manda, el pueblo pone, el pueblo quita y el pueblo decide. 

Los expresidentes

Salinas de Gortari (1988-1994) llegó al poder a través de un fraude electoral, privatizó y desincorporó del Estado mexicano 390 empresas que eran patrimonio nacional; saqueó al país para sobornar a políticos, pagar favores y enriquecer a su familia, además de ser acusado como el autor intelectual de dos magnicidios.

Salinas Pliego

Ernesto Zedillo (1994-2000) tuvo vínculos con el narcotráfico, convirtió la deuda privada de la élite en deuda pública que seguimos pagando con nuestros impuestos y privatizó el sistema ferroviario para después irse a trabajar justamente para una de las empresas que fueron beneficiadas: Union Pacific.

Vicente Fox (2000-2006) saqueó a la nación para enriquecer a su familia y amigos, especialmente a los hijos de su esposa Marta Sahagún con el caso Oceanografía. Además, hizo negocios sucios con los fideicomisos aduaneros, derrochó en remodelaciones millonarias y opacas en Los Pinos y llevó a cabo la masacre de Atenco junto a Peña Nieto.

Felipe Calderón (2006-2012) convirtió al país en un cementerio debido a su malograda guerra contra el narcotráfico —que en realidad protegía al Cártel de Sinaloa y atacaba exclusivamente a sus adversarios—, su familia se vio involucrada en el incendio de la Guardería ABC y su proyecto de la Estela de Luz fue denominado como un ‘monumento a la corrupción’. 

Enrique Peña Nieto (2012-2018) es responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de la masacre de Tlatlaya, de la trama de corrupción en México para aprobar su reforma energética, entre otros atropellos. 

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Una respuesta

  1. Totalmente de acuerdo con el juicio político a los expresidentes pie de otra manera quedarían impunes las atrocidades cometidas por estos miserables que hundieron a México en la terrible pobreza de más de 60 millones de mexicanos y cometieron genocidios y “traición a la patria”

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