Los perseguidos políticos millennial

Por: Tito Zurita


En el siglo pasado, el XX, el régimen político de nuestro país tuvo una actitud variopinta en relación a quienes se oponían al gobierno local y a quienes estaban en contra de otros gobiernos en otros países. México recibió a españoles expulsados por el franquismo; ayudó a que muchos chilenos salieran con vida tras el golpe militar en el 73 y se dio el lujo de “permitir” que Fidel Castro zarpara de Veracruz en el mítico Granma. En casa el trato fue otro cantar.

La disidencia doméstica no tuvo la fortuna de los antes citados. El escritor José Revueltas fue inquilino del palacio negro de Lecumberri. Al caricaturista Rius le tocó persecución y hasta un simulacro de ejecución. Lucio Cabañas y Genaro Vázquez no tuvieron la misma suerte y fueron ejecutados. La Plaza de las Tres Culturas tiene el testimonio del 68, los mismo que las calles cercanas al metro Normal tienen del Halconazo.

En este siglo XXI nos está dejando versiones de verdadera pena ajena. Basta cualquier insinuación para los personajes políticos que hoy se encuentran en el espectro opositor se suban a algún banquito para gritar el dictador los está persiguiendo.

Rosario Robles, quien había sido señalada desde 2016 por manejos turbios de los recursos destinados al apoyo social, tiene un rato insinuando que se trata de una venganza política y no del desvío de más de 7 mil millones con la Estafa Maestra. Para ponerle más drama a sus alegatos, le agregó que la persiguen «por ser mujer».

Pensó que era un ofertón, pero terminó viajando de España a México con escolta y esposado: Alonso Ancira. Este empresario se vio beneficiado con el sobreprecio en la venta de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados a Pemex en 2013. Empezó su defensa con un “soy un perseguido político del gobierno”. No está en la cárcel, pero tuvo que ceder una devolución que está pendiente.

El binomio Calderón-Zavala también se autonombraron perseguidos. Felipe y Margarita acusaron que su partido “México Libre” no logró su registro ante el INE por que López Obrador tiene controlado al Instituto. Este par, que guarda silencio o niega categóricamente los temas de corrupción durante su etapa en la Presidencia, siempre se tira al piso para que sus fieles seguidores los levanten en redes sociales.

También se han declarado perseguidos políticos en funciones. Tal es el caso del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien lleva años con señalamientos de irregularidades, incluso por la agrupación de Claudio X. González: Mexicanos Contra la Corrupción.

Por ejemplo, señalan que “transfirió 39 millones de pesos de fondos etiquetados para educación y salud a una cuenta en el banco Afirme a nombre de Grupo Publicitario Adar, una empresa inexistente que en sus facturas aportó como domicilio fiscal una humilde casa ubicada en las orillas de Temixco, Morelos”. Los panistas han tratado de lavarle la cara diciendo que se trata de quitarlo de la carrera presidencial, pero creo que ni ellos lo toman en serio.

En una escala menor y en un círculo más cercano al Gobierno actual, un legislador del PT se subió al tren de los perseguidos. “Reitero que soy inocente y víctima de una persecución política”, y se siguió de largo con “responsabilizó a las autoridades capitalinas, de la integridad de él o de su familia, que también ha sido víctima de la persecución política“. Acto seguido se fue por cigarros a Chile.

El perseguido político preferido por todos es, sin duda, Ricardo Anaya. Este trotamundos, que tiene las capacidades de durar poco en cada chamba, subir a como dé lugar al siguiente cargo y sacar buenos negocios a su paso; estaba de paseo por este nuestro país con el objetivo de conocerlo y dedicarle videos un día sí y el otro también al oriundo de Macuspana, Tabasco.

Todo era sonrisas para el segundo lejano lugar de las elecciones del 2018 hasta que la FGR abrió carpeta de investigación por el tema de los sobornos en el caso Odebrecht. Se trata de declaraciones de Emilio Lozoya, quien declaró ante la Fiscalía: “Luis Videgaray Caso me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo”.

Apenas le llegó el rumor, Riqui Riquín Canallín inició una férrea defensa legal a tuitazos y videos. “Me quieren fregar a la mala”, “meter a la cárcel”, “acudiré a declarar si lo hacen tus hermanos Pío y Martín” y acusaciones de que no le daban la carpeta y que le metían mano a la misma, han sido las brillantes declaraciones del abogado Anaya.

En su lucha contra la injusticia, Anaya anunció que se iría al exilio y con eso ganó el respaldo de la crema y nata de la comentocracia. Saldrá fortalecido dice Rafael Pérez Gay; un presidente cansado, dice Alfredo Lujambio, que persigue al panista para limpiarle la pista a sus presidenciables; y la mejor de todas: la insinuación de Sergio Sarmiento de que estamos ante la versión latina de Nelson Mandela.

Tanto el acusado como sus defensores omiten aclarar que este tema comenzó antes de López Obrador llegara al poder. Todos estos esfuerzos se fueron a la basura cuando Migración dio a conocer nuestro Mandela habría salido del país antes de que enviara sus furibundos videos, es decir, hasta a sus defensores fueron engañados desde Estados Unidos.

El Palacio de Lecumberri es un campo de juegos comparado con el Lecumberri imaginario de los autodenominados perseguidos políticos. Ni hablar, son los tiempos que nos tocaron vivir.

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