Las acusaciones revelan que el exsenador del PAN formó parte de una red de al menos 15 funcionarios de élite que recibieron cuantiosas sumas de dinero a cambio de avalar reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Peña Nieto.
El panista Jorge Luis Lavalle Maury comparece ante un juez federal donde afirma que presentará pruebas con la intención de recobrar su libertad. Esto, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) dictara prisión preventiva en su contra al ser imputado por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados a los sobornos que recibió por el caso Odebrecht para la aprobación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto en 2013.
De esta manera, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Tapia, dio inicio a la diligencia para escuchar los argumentos de la defensa del ex legislador y de la fiscalía.
Asimismo, Tapia podrá dictar hoy mismo su resolución o agotar el término legal que tiene, el cual vence el próximo miércoles 14 de abril.
En días pasados, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, presentó datos de prueba contra el político blanquiazul, los cuales incluyen testimonios del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y del exsecretario particular de Lavalle, Rafael Caraveo.
En este sentido, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, la cual fue iniciada por la Coordinación General de Investigación de la FGR tras la denuncia de Lozoya en agosto del año pasado, Lavalle recibió 25 millones de pesos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht.
Dicha suma fue triangulada a través de varias compañías junto a otros senadores prianistas con el fin de aprobar la reforma peñista, que terminó favoreciendo a esa y otras empresas tanto nacionales como extranjeras, a costa de vulnerar la soberanía energética y desmantelar a Pemex y la CFE.
Las acusaciones revelan que el exsenador del PAN formó parte de una red de al menos 15 funcionarios de élite que recibieron cuantiosas sumas de dinero a cambio de avalar reformas estructurales impulsadas por el gobierno priísta.
En noviembre de 2020, Rafael Caraveo declaró a la FGR que fue el encargado de recibir 15 maletas de dinero por órdenes directas de Lavalle —recursos que en algunas ocasiones eran canalizados a campañas políticas del PAN—como parte de los sobornos para que fueran respaldadas las iniciativas del PRI.
Además de Lavalle Maury, también han sido vinculados al caso otros panistas como Javier Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién y Salvador Vegas Casillas, quienes de acuerdo a señalamientos de Lozoya amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos.
