Los apagones registrados en el país han dejado en evidencia los graves daños de la Reforma Energética impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, y avalada por el PRI, PAN y PRD, mediante el mal llamado Pacto por México.
Los apagones registrados en los últimos dos días al norte del país dejan al descubierto los daños que dicha reforma dejó en el país, al abrir el mercado eléctrico a la iniciativa privada, especialmente en condiciones que favorecen a las empresas y debilitan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues es la que asume todos los costos de generación y distribución de energía, mientras que los privados se llevan las utilidades.
La dependencia de México hacia Estados Unidos heredada por los gobiernos anteriores volvió a salir a la luz con la suspensión de las exportaciones de gas, lo cual provocó los apagones en el norte del país, dándole la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a su insistencia de que el país requiere de soberanía y seguridad energéticas.
La reforma peñista, aprobada por el PRIANRD, plantea políticas diseñadas por los gobiernos neoliberales para beneficiar al sector privado y, específicamente, a unos cuantos socios y amigos de esa élite que históricamente ha tratado de unir al poder político con el poder económico.
Un ejemplo de esto fueron los recientes «apagones» que fueron originados por la falta de gas importado desde Texas, EE.UU. Esto, debido a que las autoridades estadounidenses decidieron dar prioridad al consumo doméstico, en hogares, hospitales y zonas de consumo estratégico. Es decir, hicieron uso de su propia «soberanía energética».
Además, los precios del gas se habían elevado de unos 3 dólares por millón de BTU a 600 dólares por cada millón en los últimos días.
Otro dato alarmante es que el 40% de la generación eléctrica y el 60% de la producción nacional se realiza gracias al gas, que en su mayoría no es producido en México.
Solo en el mes de octubre del año pasado, las compras de la molécula desde EE.UU. alcanzaron los 6 mil 194 millones de pies cúbicos diarios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, lo que representa el 72% del consumo total del país.
“No es un problema que se deba a la Comisión Federal de Electricidad, sino es una situación que está presente en los Estados Unidos y la relación e interconexión que se tiene muy fuerte en materia de suministro de gas natural y en materia de comunicación que se tiene con las líneas de transmisión”, declaró Miguel Reyes, director corporativo de CFEnergía.
Soberanía energética
Desde el arranque del gobierno de la 4T, el presidente López Obrador ha hecho trabajar al equipo involucrado en el tema energético a fin de que México produzca su propia energía y fortalecer así a la CFE.
A inicios de febrero, el mandatario hizo llegar a la Cámara de Diputados su propuesta para crear una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, con lo que busca reforzar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cambiar las condiciones privilegiadas y abusivas de los productores privados.
La iniciativa hace ajustes al sistema del despacho de generadores eléctricos, que “establece grandes privilegios en la generación privada con grave perjuicio a la CFE”, ha señalado el mandatario.
También obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones, en los casos que hayan sido obtenidos mediante actos constitutivos de fraude a la ley, además de otorgar Certificados de Energías Limpias sin depender de la propiedad o fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas.
“Las reformas en materia energética que diseñaron el modelo de mercado eléctrico en México dieron lugar a contratos de cobertura eléctrica que establecen con prelación los precios de energía y capacidad. Sin embargo, estos contratos financieros, al no comprometer la entrega física de energía y capacidad, ponen en riesgo y vulnerabilidad financiera a las entidades que lo celebran”, indica en la exposición de motivos.
Finalmente, añadió que con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados. Por lo tanto, ahora se permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes del mercado.
