Córdova: cacique de la antidemocracia

Córdova

Córdova lleva 10 años como consejero electoral; fue nombrado en 2011, por lo que su periodo debía concluir en 2019, pero al reformarse el IFE durante el sexenio de Peña Nieto, el Congreso de ese entonces amplió su permanencia hasta 2023 ayudando a que se enquistara en el órgano electoral. 

Por: Carlos Portillo

Ante el naufragio moral de la oposición en México, que no cuenta con cuadros políticos trascendentes, ni militancia activa —pues las granjas de bots no valen—, ni un proyecto de país concreto más allá de su discurso de odio y fatalismo, la cúpula del Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido ocupar ese espacio para confrontar abiertamente al gobierno de la 4T.

De entrada, lo más escandaloso ha sido su capricho de mantener sus sueldazos de casi 200 mil pesos mensuales mediante un amparo, por lo que estos funcionarios ganan más que el presidente de la República.

Además de eso, el área de la Presidencia del Consejo General del INE —a cargo de Lorenzo Córdova— nos cuesta 30 millones de pesos al año solo de los salarios de sus asesores, coordinadores, secretarios particulares, secretarios privados, asistentes personales y líderes de proyectos; esto, sin contar gastos operativos, prestaciones ni compensaciones extraordinarias, según reveló una investigación de Luis Guillermo Hernández. 

Entre las prestaciones de las que goza el enorme equipo de Córdova destacan una prima vacacional, prima semestral, prima de gastos funerarios de hasta mil veces el salario mínimo, 40 días de aguinaldo, gastos de alimentación por hasta 11 mil pesos mensuales, un pago de despensa por 3 mil 500 pesos mensuales y una serie de compensaciones económicas generales. También disfrutan de un seguro institucional de 40 meses de sueldo, un seguro colectivo de retiro, un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de separación individualizado.

Con el claro objetivo de defender a toda costa estos privilegios y derroches, el INE declaró la guerra al presidente Andrés Manuel López Obrador y se ha aprovechado una y otra vez de su posición de árbitro electoral para encabezar diversos ataques contra el mandatario y el partido que lo llevó al poder. 

De igual forma, el organismo ha echado mano de sus recursos para construir un protagonismo mediático y político que no le corresponde y que tiene como meta posicionar insistentemente a Córdova y Murayama casi como si fueran candidatos de algún partido.

Hace apenas unos meses, intentaron censurar las conferencias matutinas de López Obrador, ejercicio que garantiza la transparencia, rendición de cuentas y el contacto permanente con la ciudadanía y la prensa. Incluso amenazaron con meterlo a la cárcel.

Aunado a esto, Córdova y Murayama se pavonean por las ferias de libro y demás eventos criticando al “populismo” con evidentes alusiones al mandatario mexicano. Desprecian una y otra vez la voluntad popular manifestada en 2018, diciendo que la democracia “no se inventó hace tres años”, que tiene décadas garantizada, pero no dicen nada sobre el fraude de 2006 ni sobre los millones que recibió Peña Nieto de Odebrecht para su campaña en 2012.

Por si fuera poco, en la elección del pasado 6 de junio tumbaron candidaturas y spots de Morena a diestra y siniestra mientras se hacían de la vista gorda con la compra de voto, la entrega de tarjetas y el financiamiento irregular de los demás partidos. 

De esta manera, Samuel García podrá ser gobernador de Nuevo León solo pagando una multa aunque haya excedido los gastos de campaña por 25 millones de pesos, al tiempo que el partido guinda se quedó sin dos candidatos a gobernador por no reportar menos de 20 mil pesos en supuestos gastos de precampaña, figura que ni siquiera existe en el proceso interno de Morena pues se elige a los candidatos por encuesta abierta.

Además, esta cúpula del INE “devaluó” el voto de las mayorías con el pretexto de evitar la “sobrerrepresentación” de Morena en la Cámara de Diputados de modo que la voluntad popular no fuera respetada y traducida en las curules.

Ahora, en el marco de la consulta popular de juicio a expresidentes, los caciques de la antidemocracia hicieron todo lo posible para sabotear el primer ejercicio de democracia participativa en la historia del país: instalaron solo un tercio de casillas, cambiaron las sedes de votación de último momento y limitaron hasta donde pudieron toda clase de difusión e información con tal de inhibir la participación ciudadana.

Y qué decir de ese vergonzoso capítulo de racismo que protagonizó Córdova en 2015 cuando, luego de reunirse con representantes de pueblos originarios, expresó con mofa en una llamada telefónica: “Había uno, no mames, no voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba ese cabrón: ‘Yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí: o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones’”, para después soltar una carcajada con su interlocutor.

Cabe mencionar que Córdova lleva 10 años como consejero electoral; fue nombrado en 2011, por lo que su periodo debía concluir en 2019, pero al reformarse el IFE durante el sexenio de Peña Nieto, el Congreso de ese entonces amplió su permanencia hasta 2023 ayudando a que se enquistara en el órgano electoral. 

Tal vez por eso ahora Córdova se regodea como cacique y escupe frases como: “le pese a quien le pese, hay INE para rato”, asumiendo que el INE es él. Será oportuno aclararle: hay INE para rato, sí, pero debe ser un INE libre de caciques que abogan por la antidemocracia. Y la forma de lograr eso es con una nueva reforma electoral.

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