No se trata de prohibir el libre mercado o la iniciativa privada, sino reconocer que la pandemia es un tema de salud pública y de competencia estatal, lo que permite y garantiza que se pueda atender a todas y todos los mexicanos de forma realmente igualitaria.
Tras un largo año de encierro y cuidado por la pandemia de COVID-19, hoy tenemos un nuevo respiro en México y nos convertimos en el primer país de América Latina en obtener la vacuna. A partir de esto nacen extensos debates sobre lo oportuno, o no, que es ceder este remedio a los caprichos del libre mercado y a la codicia de las grandes empresas.
Conseguir una solución para la pandemia se ha convertido en una de las carreras geopolíticas más grandes de los últimos tiempos, donde está en juego el rol de los gobiernos y los Estados respecto a la eficacia para tratar el tema.
Al ser una emergencia sanitaria de nivel mundial, que ya ha cobrado más de 1.8 millones de vidas, sin distinción de clase, género o raza, es deber de los Estados regular y distribuir la vacuna de manera que se permita a la población acceder a ella de manera equitativa.
No cabe duda que ceder la vacuna al mercado privado sería un grave error, pues equivale a promover que cierta gente tenga prioridad según su nivel socioeconómico.
Con eso, se entraría en la dinámica de monetizar la salud e introducir la vida en el mercado, como sinónimo de mercancía, donde las grandes falencias del sistema neoliberal que ha imperado durante décadas arrinconaría a los sectores vulnerables de siempre, donde suele estar la gente que es más propensa a contagiarse y/o más vulnerable a sufrir complicaciones una vez contagiada. Al monetizar la salud y la vida, adivina quiénes serían los primeros en morir.
El mercado privado prioriza el dinero ante las necesidades de la población, generando que solo las personas con un sustento económico alto puedan acceder a la vacuna, siendo, paradójicamente, el grupo que podría ser menos vulnerable ante la enfermedad al tener una mejor alimentación y calidad de vida en general.
Además, al entrar en un mercado de competencia, los fabricantes de vacunas priorizan al mejor postor, elevando los precios del producto y dejando en desabasto a ciudadanos que se encuentran en los grupos de riesgo.
En conclusión, no se trata de prohibir la iniciativa privada, sino reconocer que es un tema de salud pública y de competencia estatal, lo que permite y garantiza que se pueda atender a todas y todos los mexicanos de forma realmente igualitaria.
La salud no debe ser un privilegio donde el mercado o el dinero decida quién vive y quién no. La salud es un derecho universal de todas y todos.
