El Máximo Tribunal ordenó al INE ajustar su presupuesto 2022 y realizar la revocación de mandato; de lo contrario caerá en responsabilidades penales.
El Instituto Nacional Electoral (INE) debe realizar la consulta popular de revocación de mandato, de lo contrario caería en responsabilidades penales.
Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que ordenó al organismo electoral ajustar su presupuesto del 2022 a fin de cumplir con el mandato legal de realizar el ejercicio democrático.
“Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato”, se puede leer en la página de notificaciones del Máximo Tribunal.
Y es que en su controversia constitucional, el INE puso como pretexto que el supuesto recorte en su presupuesto le impediría cumplir con la consulta.
No obstante este argumento fue desmentido en noviembre pasado por el diputado Daniel Gutiérrez (Morena) integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro, pues aclaró que “no estamos recortando al INE, al contrario, tiene un crecimiento de casi 13.3%. Lo que pasa es que ellos no quieren bajar sus recursos”.
Además, el legislador aseguró que el presupuesto que fue aprobado para el INE no afecta la realización de la revocación de mandato, pues están los tres mil 800 millones de pesos para este ejercicio de participación ciudadana.
Cabe recordar que en agosto del año en curso, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los consejeros del INE reducir sus —excesivos— salarios para ayudar con el financiamiento de la consulta.
En este sentido, el mandatario sugirió que algunos consejeros del organismo que ganan más de 100 mil pesos —como su presidente Lorenzo Córdova, quien cada mes se mete a los bolsillos 178 mil pesos, libres de impuestos y retenciones— aporten la mitad de sus honorarios.
