Alonso Romero, experto en energía, detalló que aunque la reforma eléctrica no fue aprobada, existen diversos mecanismos a través de los cuales se pueden concretar puntos clave de la iniciativa.
La iniciativa de reforma a la industria eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la soberanía energética así como la seguridad nacional, fue rechazada en días pasados por la oposición y al momento aún existen dudas sobre qué pasará en el sector y cómo afectará a las y los mexicanos.
En Bendito Coraje platicamos con Alonso Romero Gutiérrez, especialista en la materia y maestro en Finanzas y Mercados Energéticos por la Universidad de Edimburgo, quien considera que, aunque la reforma eléctrica no fue aprobada, existen diversos mecanismos a través de los cuales se pueden concretar puntos clave de la iniciativa.
Alonso Romero, quien incluso participó en el parlamento abierto para la reforma que organizó la Cámara de Diputados en meses pasados, sostuvo que el reconsiderar la electricidad como un derecho humano y no como mercancía, revisar el rol del Estado en un sector estratégico como el eléctrico y elevar a rango constitucional la transición energética, no solo constituían el espíritu del proyecto, sino que eran temas que durante mucho tiempo no se habían tocado en los círculos económicos y políticos del país.
“La oposición decía que la electricidad era un producto más y de este lado decíamos no, tiene que ser un derecho humano porque las necesidades cambiaron y la vida moderna sin electricidad no se concibe. La reforma planteba que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se volviera a integrar en toda la cadena de valor para poder controlar y garantizar el acceso a la electricidad y esto se da en el contexto de una crisis energética mundial, donde vemos que los países que no tienen una empresa estatal fuerte no pueden contener el alza en los precios”, apuntó.
¿Existen riesgos por no haber aprobado la iniciativa?
En este sentido, el analista energético expresó que el hecho de que el pasado 17 de abril las y los legisladores de oposición hayan rechazado la reforma eléctrica “nos pone en una situación en la que se puede generar un alza importante en los precios”, lo cual va encaminado a desplazar a la empresa estatal y se limitará su campo de actuación sobre todo, en los momentos de crisis.
Para explicar la situación, Alonso Romero detalló que la reforma energética de Enrique Peña Nieto dejó a la Comisión muy vulnerable y con grandes pérdidas.
“Cuando hacen la reforma de 2013 hacen una legislación como si el mercado fuese a funcionar de manera correcta nada más por decreto, hay una serie de distorsiones al mercado naturales cuando se pasa de un sistema cerrado a un sistema abierto que nunca consideraron y que pensaron que por un decretazo se iba a hacer; (la reforma) dejó a la CFE muy vulnerable y además le impusieron lo que se conoce como regulación asimétrica, la ataron para que no pudiera competir de manera igual con las demás”, detalló.
A decir del experto, esta situación mantiene el escenario de debilidad financiera de la CFE; un escenario donde el Estado tendrá que seguir subsidiando tarifas “cada vez más debido a todos estos abusos e ineficiencias que le causaron a la Comisión”.
¿Cuál es el siguiente paso?
Por esto, Alonso Romero comentó que las autoridades de la CFE deben aprovechar el momento político derivado de la discusión de la reforma eléctrica, donde cámaras empresariales y dirigentes de diversos partidos se comprometieron a ayudar al gobierno actual a terminar con las malas regulaciones provocadas por la reforma peñista.
“Tanto las cámaras empresariales como los dirigentes de diversos partidos admitieron en foros públicos que había una serie de abusos que se tenían que corregir, dichos abusos sobre todo en las sociedades de autoabastecimiento terminan por afectar la viabilidad financiera de la CFE”, indicó.
Esto, comentó el analista, podría liberar presión financiera en distintos rubros —por ejemplo, por concepto de subsidio a las tarifas de porteo y sobrecostos del mercado eléctrico mayorista— para la CFE de cerca de 80 mil millones de pesos y ayudaría a que la empresa estatal se vuelva rentable sin ayuda del gobierno.
¿Qué ocurre con la LIE?
A lo anterior, explicó, se suma la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que a principios de abril declaró constitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por López Obrador.
El especialista mencionó que el espíritu de la LIE es que “cada quien asuma los costos que le genera al sistema para que no los absorba la CFE, darle a la empresa del Estado más flexibilidad en la contratación de la energía eléctrica y revisar los abusos en los autoabastecimientos.
“Me parece que lo que ahora pasará será que la CFE tendrá flexibilidad, dejará de absorber costos que no tiene por qué absorber y la tercera es que se van a acabar muchos de los abusos”, dijo.
No obstante, Alonso Romero señaló que existen dos temas que no se podrán saldar con las negociaciones y la LIE, pero se podrían trabajar sobre la marcha para concretar su realización y se trata de la transición energética y la electricidad como derecho humano.
Sobre la transición, comentó que como ciudadanía tenemos que impulsar el hecho de que se eleve a nivel constitucional; respecto al tema de la electricidad como derecho humano indicó que “habrá que pelear en tribunales hasta que la SCJN lo reconozca. Los derechos humanos se pueden reconocer a través de sentencias, entonces habrá que irlo peleando y establecerlo porque es muy relevante”.
Sociedades de autoabasto
Otro punto fundamental en el sector son las sociedades de autoabasto, las cuales, a decir del experto, estarán en la misma posición; sin embargo, con la declaratoria de constitucionalidad a la LIE, se deberán revisar los esquemas de autoabastecimiento y se podría ver una mayor acción legal por parte del gobierno federal.
“Desde que nacieron (las sociedades de autoabasto) se supo que era un fraude a la ley, no todas pero de 249 permisos alrededor de 110 se puede decir que están en operación ilegal”.
Alonso Romero recordó que en 2004 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo una revisión de la cuenta pública y de los permisos que se entregan a estas sociedades y determinó que las tarifas que se les cobraban por transmisión eran muy bajas “se estaba hablando como de tres mil 600 mdp que no estaban pagando y que tenían que pagar, eso en pesos actuales es como siete mil 500-800 mdp”, al igual que las tarifas de respaldo.
Además, se indicó que existía una posible simulación de socios en la cual se estaba utilizando el esquema de autoabastecimiento como un esquema de venta de energía eléctrica lo cual estaba prohibido y por último, la ASF retomó de parte de la SCJN que las sociedades de autoabastecimiento no podían vender energía eléctrica porque eso estaba reservado para el Estado.
“Desde 2004 se dijo eso y nadie hizo nada. En 2018 el gobierno entra con una narrativa muy decidida de decir: oye los autoabastos están haciendo todo este tipo de trampas, sobre todo por el director de la CFE, Manuel Bartlett, que ha sido muy consistente en ese reclamo desde 2001”, sostuvo.
Litio, mineral estratégico
Finalmente, sobre el litio y tras la aprobación de la reforma a la Ley Minera, Alonso Romero expresó que resulta fundamental contar con un suministro del llamado “oro blanco” para poder hablar de una transición energética.
“Hemos escuchado de coches eléctricos; de integración a gran escala de energías eólicas y solares y esas dos requieren no solo del litio, sino de muchos otros minerales, pero el litio es muy relevante porque es el componente principal de las baterías y estas son esenciales en el tema de los autos eléctricos y de la integración de las energías renovables a gran escala”, detalló.
Además, recordó que a nivel internacional hay una escasez de litio que se espera que se dispare aún más, “el precio de la tonelada del mineral ha subido de dos mil dólares a 76 mil y seguirá subiendo porque la demanda aumentará”.
“Estamos al lado de uno de los mercados que más litio va a demandar que es EE.UU., que tiene muchos subsidios planeados y ya establecidos para el tema de los coches eléctricos que van a aumentar la demanda del litio y eso va a hacer que se vuelva todavía más estratégico”, puntualizó.
Cabe recordar que el pasado 19 de abril el pleno del Senado de la República avaló en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera en materia de regulación del litio.
Las modificaciones a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la norma refieren que la exploración, explotación y aprovechamiento del mineral quedan exclusivamente a cargo del Estado por lo que no se otorgarán concesiones a extranjeros ni privados.
De acuerdo con la minuta, en la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de sus cadenas de valor, el Estado mexicano garantizará la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas.
