Lavalle junto con Peña Nieto, Videgaray, Javier Cordero, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas, formaron parte de una asociación cuyo propósito era llevar a cabo diversas conductas delictivas visibles desde abril de 2013 hasta agosto de 2014.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, de haber conformado una asociación delictiva, la cual, de abril de 2013 a agosto de 2014, canalizó aproximádamente 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, incluido el excandidato presidencial Ricardo Anaya, para aprobar la reforma energética.
De acuerdo a información consultada, al momento solo se ha procesado por este hecho al exsenador del PAN, José Luis Lavalle Maury —actualmente preso en el Reclusorio Norte—, sin embargo, la teoría general del caso ya fue presentada ante un juez federal quien consideró que existen las evidencias iniciales para presumir la comisión de delitos como asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.
En este sentido, Lavalle junto con Peña Nieto, Videgaray, Javier Cordero, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas, formaron parte de una asociación cuyo propósito era llevar a cabo diversas conductas delictivas visibles desde abril de 2013 hasta agosto de 2014.
Dicha asociación criminal habría permitido al expresidente y su mano derecha trasladar a los legisladores sobornos que equivalen a 97 millones 190 mil pesos, suma que proviene de transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht. La entrega del dinero se realizó en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos; todo esto a través de intermediarios en 15 entregas distintas.
Cabe recordar que las pruebas de la FGR para ratificar las imputaciones mencionadas se sustentan en tres declaraciones que ha rendido tanto el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, como otras cuatro personas que participaron o sabían de las entregas del dinero a los legisladores.
Según información que los fiscales otorgaron al juez federal, EPN y Videgaray decidieron implementar un esquema de sobornos criminal dirigido a funcionarios que se consideraban «clave» en la aprobación de la reforma energética. Un ejemplo es el priísta Penchyna Grub, quien en ese momento lideraba la comisión de Energía del Senado, así como el panista Lavalle Maury, quien era integrante de esa comisión.
“El propósito de la asociación de los legisladores mencionados junto con el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, era concretar la reforma energética atendiendo un interés económico que injustamente recibieron (…) para votar a favor de dicha reforma y así abrir a personas extranjeras la explotación de los recursos naturales, propiedad de la nación”, indicó el juez.
El esquema criminal, los montos y las fechas
El plan se implementó de la siguiente manera: por órdenes directas de Peña Nieto, Videgaray pidió a Lozoya —quien a su vez designó la función a sus tres colaboradores de confianza, José Velasco Herrera, Rodrigo Arteaga Santoyo y Francisco Olascoaga Rodríguez— que se canalizara el dinero proveniente de Odebrecht para entregarlo al grupo de legisladores.
Las entregas de dinero se concentraron en Rafael Caraveo Opengo, quien finalmente lo puso a disposición de su jefe, Lavalle Maury, para su dispersión entre los legisladores del PAN.
Respecto al origen del dinero, las indagatorias revelan que para el caso de los sobornos en particular, el efectivo provino de recursos que la constructora brasileña canalizó a través de un esquema de triangulación de capitales usando empresas fachada.
Cabe recordar que la dispersión de los casi 100 millones de pesos se hizo por medio de 15 entregas; las primeras tres se llevaron a cabo el 11 de diciembre de 2013 —por las cantidades de 900 mil pesos, 10 millones de pesos y 13 millones de pesos, respectivamente—, la cuarta se materializó el 9 de enero de 2014, por 13 millones 800 mil pesos, y una quinta, seis días después, por la misma cantidad.
La siguiente entrega tuvo lugar el 14 de febrero de 2014, por 12 millones 800 mil pesos; la séptima entrega se realizó el 7 de marzo de ese mismo año, por 6 millones 400 mil pesos; una octava el 2 de abril, por 12 millones 800 mil pesos; la novena el 11 de abril, por 6 millones 400 mil pesos y la décima el 21 de abril, por la misma cantidad.
La entrega número 11 se registró el 22 de abril, por un total de 12 millones 800 mil pesos; la siguiente fue cuatro días después, por 16 millones de pesos y las tres últimas entregas de recursos se llevaron a cabo el 14 de julio y el 6 y 21 de agosto, todas ellas por 12 millones de pesos.
Según el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, todo este cúmulo de datos son suficientes para corroborar que los políticos Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Lavalle Maury, Ricardo Anaya y el resto de los implicados ya mencionados conformaron una asociación criminal que ocupó recursos de procedencia ilícita para el pago de sobornos en el marco de la reforma energética peñista.
