El papel golpista e injerencista que jugó la OEA y su secretario general en el proceso electoral de Bolivia fue clave para que se iniciara una convulsión social promovida y financiada por los opositores Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, entre otros personajes de ultraderecha.
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) vendrá a México para realizar actividades de observación electoral en los próximas elecciones del 6 de junio; sin embargo, la noticia ha generado incertidumbre y desconfianza entre los votantes, debido a que sus informes tienen un claro sesgo internacional y suelen responder a los intereses de grupos de la derecha política, poniendo en riesgo la democracia.
En 2019, la organización dirigida por Luis Almagro emitió un comunicado parcial sobre supuestas irregularidades en el conteo de votos de las elecciones generales de Bolivia, situación que le sirvió a la oposición como pretexto para romper el orden constitucional y legitimar el golpe de Estado, el cual derivó en la renuncia forzada de Evo Morales por petición de las Fuerzas Armadas, la implantación del gobierno de facto de Jeanine Áñez, las masacres de Senkata y Sacaba, así como múltiples actos de violencia protagonizados por grupos armados y paramilitares.
En este sentido, el papel golpista e injerencista que jugó la OEA y su secretario general en el proceso electoral de Bolivia fue clave para que se iniciara una convulsión social promovida y financiada por los opositores Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, entre otros personajes de ultraderecha. Su discurso de odio, acompañado por el reporte sesgado de la OEA, llevó a actos de violencia contra ciudadanos y representantes del gobierno constitucional en aquel momento, pues cabe recordar que familiares de diversos funcionarios fueron agredidos, o incluso secuestrados y torturados para obligarles a renunciar a su cargo. También le prendieron fuego a casas de legisladores, ministros, etcétera.
Cabe resaltar que varias instancias internacionales, como el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) y medios como The Washington Post desmintieron las declaraciones de la OEA y evidenciaron su postura intervencionista pues confirmaron que la instancia nunca presentó pruebas fehacientes sobre el supuesto fraude electoral en Bolivia; por el contrario, sus informes tuvieron un carácter parcial y político, no técnico.
El organismo omitió arbitrariamente información crucial tanto jurídico-normativa como técnico-analítica para dar sus conclusiones en contra de la victoria electoral de Morales.
Además, en octubre de 2020, cuando el partido de Evo (Movimiento al Socialismo) volvió a arrasar en las elecciones y Luis Arce Catacora resultó ganador de la contienda con más del 55% de los sufragios, se comprobó que nunca existió el fraude que alegaba la OEA, por lo que se terminó de confirmar la postura golpista e intervencionista del organismo, el cual propició el golpe de Estado en el país sudamericano.
Incluso, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes, lanzó en su momento un mensaje criticando la gestión de Almagro y su intromisión en los asuntos de Bolivia.
“Mi país denuncia el afán del secretario general de intervenir en los asuntos internos de nuestros Estados y de lastimar nuestras democracias. Lo que ocurrió con la OEA en Bolivia no debe repetirse jamás. Mientras usted siga al frente de la Organización, la sombra de lo sucedido en Bolivia estará siempre presente. Ustedes han deslegitimado a las misiones de observación electoral”, destacó Reyes en octubre del año pasado.
Bajo este contexto, resulta preocupante el llamado que hace el INE para que la institución presidida por el ultraderechista Luis Almagro realice actividades de observación electoral en los comicios más grandes del país, ya que la posición injerencista y subversiva de la OEA pone en riesgo nuestra democracia y soberanía.
