La reforma eléctrica de AMLO ha provocado que posturas de la 4T se enfrenten, pues mientras unos defienden la rectoría del Estado en un sector tan estratégico como el eléctrico, otros buscan escuchar a la IP para no «ahuyentarla».
Voces de la Cuarta Transformación se han encontrado en el marco de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que mientras Gibrán Reyes asegura que se debe multar a las empresas Iberdrola y Femsa por fraude de autoabasto, Ricardo Monreal señala que se tiene que escuchar a la inversión privada para no “ahuyentarla”.
Por un lado, Gibrán Reyes ha expuesto que existe un sistema de saqueo organizado y favorecido por leyes en materia energética. En un artículo de opinión, el panelista detalló los casos de Iberdrola y Femsa, empresas que por fraude de autoabasto deberían ser multadas con 189 mil millones de pesos y cinco mil millones de pesos respectivamente.
Sobre Femsa, Reyes desmintió que el 70% de las tiendas OXXO se abastezcan con energía renovable mediante contratos supuestamente legales y legítimos; “eso no es verdad: constituyen un fraude a la ley. Femsa ha ido dejando huellas de dicha ilegalidad en el camino”.
Al respecto, refirió que el artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Electricidad establece que habrá permisos de autoabastecimiento y cogeneración para la satisfacción de necesidades propias de personas físicas o morales, pero al mismo tiempo prohíbe la compraventa de energía generada bajo ese esquema.
“Es válido tener una planta y generar electricidad para uno mismo (…), pero no se vale poner plantas de generación, usar la red pública a un precio muy bajo y así subsidiar ganancias millonarias simulando ‘sociedades’ empresariales cuando en realidad hay compraventa. Quien lo hace comete fraude a la ley y daña el patrimonio público, sirviéndose de lo pagado por los más desfavorecidos”.
Sobre Iberdrola, el panelista dijo que la empresa española ha llevado el saqueo a “niveles estratosféricos”, debido a que la capacidad total instalada bajo los esquemas de autoabasto y cogeneración que la compañía tiene contratada para su venta es de “3080.5 MW. Siendo el salario mínimo vigente de 123.22 pesos diarios, la sanción por un año de operación ilícita es de 37 mil 900 millones de pesos”.
“Si consideramos que se puede cobrar un máximo de cinco años de multa, dicha cantidad asciende a 189 mil 500 millones de pesos, mucho más de los 150 mil millones que dicen haber invertido”, sentenció.
Por otro lado está el senador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, quien desde que fue enviada la reforma eléctrica al Congreso, ha hecho comentarios sobre su posible modificación.
Recientemente el legislador señaló que “existe preocupación” entre empresas y compañías que utilizan energía eólica por la iniciativa eléctrica que impulsa el presidente López Obrador, y propuso “abrir los canales de comunicación” con los empresarios para “no imponer una sola visión y no ahuyentar a los inversionistas”.
Además, ha adelantado hechos acerca del análisis de la reforma eléctrica de la Cuarta Transformación, asegurando que “será la reina de las discusiones”, pues de acuerdo con sus declaraciones, le apuesta a una iniciativa que genere confianza entre inversionistas.
Sin embargo, la postura de Monreal ha sido duramente criticada, pues luego de pedir “recato” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la reforma constitucional, hay quienes le recriminaron que busque censurar a personajes como Manuel Bartlett, y no conforme con eso, pretenda “polarizar el ambiente político” en torno a este tema de trascendencia nacional.
Un comentario
Que paguen los empresarios lo que les corresponde, es lo justo, además es para sufragar el gasto en hospitales, escuelas publicas y otras necesidades de la población, que están en el abandono, y que gobiernos Neoliberales permitieron