El llamado lawfare (guerra jurídica), usado recientemente para restringir los derechos políticos de las personas en América Latina, se relaciona con la forma en que ahora actúa el Instituto Nacional Electoral (INE) en México, al retirar casi 50 candidaturas de Morena por unas cuantas publicaciones de Facebook.
A través de un comunicado, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) felicitó a Lula da Silva por el fallo de la Corte Suprema de Brasil, con el que se reestablecen sus derechos políticos y se abre la posibilidad para que participe como candidato a la presidencia en 2022.
“¡Toda la fuerza y solidaridad para Lula y el pueblo brasileño! Quienes quieren ganar con trampas lo que no pueden en las urnas, no van a frenar los procesos de transformación ni en México ni en el mundo. Cuando los pueblos deciden su destino, no hay nada que los detenga”, se lee en la publicación que compartió el partido guinda en su cuenta oficial de Twitter.
En el comunicado emitido por Morena para solidarizarse con Lula da Silva, se apuntó que el Estado brasileño ha dado muestras de madurez institucional pues, a pesar de los ataques mediáticos y las presiones políticas para juzgar al expresidente del país sudamericano, el Poder Judicial frenó la embestida y le devolvió sus derechos políticos.
Cabe resaltar que, en los últimos años, diversos líderes y políticos de izquierda en América Latina han sufrido los efectos del uso indebido de instrumentos jurídicos con fines de persecución política; esto, para ser inhabilitados en los procesos electorales de sus respectivos países.
De esta manera, el llamado lawfare (guerra jurídica), usado para restringir los derechos políticos de las personas, se relaciona con la forma en que ahora actúa el Instituto Nacional Electoral (INE) en México, al retirar casi 50 candidaturas de Morena por unas cuantas publicaciones de Facebook, mientras que históricamente ha permitido fraudes electorales en 1988, en 2006 y ha omitido casos como el de Monex en 2012.
En el continente, el lawfare le costó a Luiz Inácio Lula da Silva que pasara injustamente 580 días en la cárcel luego de un proceso amañado que instrumentaron la justicia brasileña y simpatizantes del ultraderechista Jair Bolsonaro. Es importante recordar que Sergio Moro, el juez encargado de condenar al exmandatario, después fue nombrado Ministro de Justicia y Seguridad Pública de Bolsonaro.
De esta manera, buscaban anular a Lula política y mediáticamente, además de privarlo del derecho a ser candidato presidencial en las elecciones de 2018 y 2019, ante su segura victoria.
Aunado al hostigamiento político, Lula enfrentó ataques criminales por parte de la derecha brasileña, ya que, aunado a impedir su candidatura, intentaron asesinarlo. En marzo de 2018, dos autobuses de la comitiva encabezada por el expresidente fueron tiroteados por grupos fascistas.
«Si piensan que con las piedras y los tiros sacudirán mi disposición de luchar, se equivocan. El día que mi garganta ya no grite, gritaré por la de ustedes», escribió da Silva en su momento.
Lula se ha distinguido como uno de los jefes de Estado latinoamericanos más importantes de nuestros tiempos. Su proyecto dejó antecedentes progresistas que lo posicionaron como un líder de izquierda con gran visión para combatir las desigualdades. Dejó un país con menos pobres, con más empleos y una de las economías emergentes más prometedoras del continente.
Otro de los dirigentes de izquierda que han sido víctimas del lawfare es el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien ha sido perseguido judicial y políticamente por el gobierno de Lenín Moreno, para evitar que fuera candidato debido al gran apoyo que sigue teniendo entre la población.
Asimismo, se encuentra detenido el exvicepresidente Jorge Glas y muchos exasambleístas y exministros ecuatorianos han tenido que exiliarse y pedir asilo político en otros países a causa de la persecución política de Moreno.
En este sentido, México podría enfrentar los primeros ejercicios para implementar el lawfare contra Morena, el partido que llevó al líder de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia, ya que el INE ha decidido comportarse como «gatillero» de los partidos de la derecha para atentar contra la democracia del país y retirarle candidaturas a diversos morenistas, incluso omitiendo las instrucciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con acciones irregulares y medidas desproporcionadas, los grupos del antiguo régimen han emprendido una táctica de guerra no convencional, la cual tiene como objetivo desestabilizar el movimiento progresista de la Cuarta Transformación.
