Como venganza «rápida y furiosa» contra Durazo, la DEA pretende intervenir en elecciones mexicanas

DEA

Un claro ejemplo es la intervención denominada “Rápido y Furioso”, en el sexenio de Felipe Calderón, la cual permitió a agentes de la DEA traficar armas hacia México para entregarlas a grupos criminales; dicha operación causó la muerte de cientos de personas. 

Nuevamente, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), manifiesta su arbitraria injerencia en asuntos mexicanos. Como es su costumbre, mediante campañas de abierta hostilidad y fabricando coartadas intervencionistas, la agencia antidrogas pretende dañar la soberanía nacional. 

En esta ocasión, su intromisión representa un factor de riesgo para el país, pues sus incriminaciones atentan directamente contra la transparencia del proceso electoral más grande de México: las elecciones del 6 de junio.    

En este marco, agentes de la DEA  pretenden incriminar —sin evidencia— al sonorense Alfonso Durazo Montaño, quien actualmente es candidato a la gubernatura de su estado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por tener supuestos vínculos con miembros del Cártel del Pacífico.

No obstante, ante la noticia, el coordinador de Comunicación de campaña del morenista, Edgar Sallard, aseguró que la información difundida por la agencia antidrogas es falsa; además, explicó que no han existido ni existen investigaciones en contra de Alfonso Durazo, pues su trayectoria pública, así como su patrimonio personal y familiar, siempre han estado abiertos al escrutinio de la ciudadanía y de las autoridades nacionales e internacionales.

DURAZO

El documento que comenzó a circular desde el mes de marzo ha sido utilizado por la oposición en un contexto de «guerra sucia», para intentar lastimar la imagen y reputación del candidato morenista, ya que, de acuerdo a las encuestas, Durazo lleva una amplia ventaja sobre sus contrincantes de cara a los comicios del 6 de junio. 

En este sentido, cabe recordar que la agencia antinarcóticos estadounidense, en varias ocasiones, ha violentado con operaciones ilegales la soberanía de las leyes mexicanas, sobre todo, durante los gobiernos prianistas. 

Un claro ejemplo es la intervención denominada “Rápido y Furioso”, en el sexenio de Felipe Calderón, la cual permitió a agentes de la DEA traficar armas hacia México para entregarlas a grupos criminales; dicha operación causó la muerte de cientos de personas. 

El caso más reciente de su injerencia fue hace unos meses, cuando sin un solo elemento como evidencia, la DEA presentó un expediente criminal en contra del general Salvador Cienfuegos. El ex militar fue encarcelado en EE. UU. y, tras un escándalo mediático, político y legal, fue extraditado a México, en donde la Fiscalía General de la República (FGR) decidió liberarlo a falta de pruebas. 

El historial de las acciones sórdidas de la DEA en el país es extenso. Desde hace años, la administración estadounidense ha demostrado que su vocación recae en la desestabilización de las naciones soberanas, y, en su intento por fabricar culpables, el organismo ha dañado los procesos democráticos de México.

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