Según Animal Político, las casi 60 pruebas que presenta la FGR están enfocadas en confirmar que Lozoya y sus familiares fueron los reales beneficiarios de los sobornos.
Tras años de investigaciones, la la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que los sobornos por poco más de diez millones de dólares que la constructora Odebrecht pagó en México, fueron transferidos exclusivamente al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, a través de empresas ligadas con su familia.
De acuerdo con el documento sobre la acusación final de la FGR al cual tuvo acceso Animal Político, se indica que debido a estos sobornos la constructora brasileña se vio favorecida con la adjudicación del contrato para la realización de obras en la refinería de Tula.
Además, el medio expuso que las 59 pruebas —documentales, periciales y testimoniales— que presenta la Fiscalía están enfocadas en confirmar que Lozoya y sus familiares fueron los reales beneficiarios de los sobornos.
Por esta razón, se solicita una pena que supera los 46 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
También se especifica que Lozoya debe pagar una multa de 87 millones de pesos, un monto por reparación de daño de seis millones de dólares, y perder cualquier derecho sobre un departamento en Ixtapa Zihuatanejo, propiedad que se compró con los sobornos.
“Los fiscales además consideran que la madre de Lozoya, Gilda Susana Austin, debe ser condenada a pasar 23 años de prisión y pagar 262 mil pesos de multa”, se lee en el artículo.
Cabe recordar que recientes investigaciones periodísticas revelaron que de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Lozoya canalizó directamente más de siete millones 369 mil 657 pesos a Marielle Helene Eckes y Gilda Susana Lozoya Austin, esposa y hermana respectivamente, así como a empresas ligadas a ambas.
La dependencia financiera consideró que las operaciones pudieron realizarse con el objetivo de “estratificar recursos que devienen de actividades ilícitas”, lo que es compatible con la operación de recursos de procedencia ilícita, específicamente, de actos de corrupción.
