Aparte de la demanda contra fabricantes de armas, otra manera de atacar los problemas de raíz es lo que está haciendo la UIF contra las estructuras financieras de los grupos delictivos, al congelar más de 17 mil cuentas bancarias asociadas a 12 cárteles diferentes.
Por: Carlos Portillo
No cabe duda que el calderonato dejó una herencia de sangre, fosas y violencia que no es fácil de revertir, ya que empoderó a varios cárteles, creó otros nuevos y les terminó entregando el país en bandeja de plata. Sin embargo, la estrategia de pacificación que está llevando a cabo el actual gobierno —por más que la derecha intente banalizarla— está enfocada en resolver el problema desde la raíz.
El anuncio de la demanda contra 11 empresas fabricantes de armas estadounidenses es otro ejemplo de estos esfuerzos que no se quedan solo en el corto plazo, sino que buscan soluciones de manera integral y perdurable, con mecanismos legales, jurídicos e institucionales que, por alguna razón, los gobiernos anteriores nunca intentaron.
Felipe Calderón, además de poner a un secretario de Seguridad Pública al servicio del narco, permitió el operativo “Rápido y Furioso” en 2009, de modo que el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU. (ATF, por sus siglas en inglés) introdujo ilegalmente más de dos mil 800 armas largas a México, las cuales terminaron en manos de los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, La Familia Michoacana y una célula de los hermanos Beltrán Leyva.
Antes de eso, el operativo denominado “Receptor Abierto” (Wide Receiver), que se llevó a cabo entre 2006 y 2007 —también con Calderón—, ya había hecho posible la entrada ilegal de armas estadounidenses al territorio mexicano.
Por tanto, en mayo de 2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática a la Embajada de EE.UU. pidiendo información tras plantear lo siguiente: primero, que si como apunta la evidencia, el gobierno de Calderón conocía y autorizó el polémico operativo “Rápido y Furioso”, se habrían presentado graves violaciones a la Constitución Mexicana por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en el país; segundo, si, por el contrario, resultase verdad que dicha administración no conocía ni avaló el operativo, entonces las autoridades estadounidenses habrían actuado en territorio nacional sin conocimiento del gobierno, para entregar armas a la delincuencia organizada, violando la soberanía de México.
Sea como sea, el esposo de Margarita Zavala no queda bien parado ante los hechos: o fue cómplice activo, o fue negligente y sumiso. Y es que esa era la dinámica de nuestros gobiernos frente a los vecinos del norte. Hoy no. Hoy se rompe esa inercia y se exigen respuestas, se presentan demandas inéditas, se va al fondo de los asuntos.
Además de lo anterior, otra forma de atacar los problemas de raíz es lo que está haciendo la UIF contra las estructuras financieras de los grupos delictivos, al congelar más de 17 mil cuentas bancarias asociadas a 12 cárteles diferentes, algo que casualmente tampoco hicieron los representantes del viejo régimen. Por el contrario, se regodeaban en todos los medios por sus balaceras —con todo y sus “daños colaterales”—, por decomisar unos cuantos kilos de droga o por detener a algún líder —aunque se les escapara una y otra vez, como “El Chapo”—, sin tocar ni un centavo de las organizaciones criminales, por lo que a fin de cuentas podían continuar con sus operaciones.
Finalmente, el combate a la desigualdad y la implementación de los diversos programas sociales orientados a que las y los jóvenes puedan seguir estudiando, o se capaciten e inserten a la vida laboral, también son formas de contrarrestar el fenómeno de la inseguridad y la violencia desde lo más profundo, reconstruyendo el tejido social.
