Repartidores de aplicaciones como Rappi aseguran que trabajan bajo esquemas altamente precarizados y sin estabilidad económica.
A través de redes sociales la ciudadanía calificó a la app de delivery, Rappi, como «clasista» al utilizar en su publicidad al youtuber Chumel Torres, quien ya es conocido por su racismo, clasismo y misoginia.
Por lo anterior, usuarios en Twitter hicieron tendencia el hashtag #AdiósRappi, con el que criticaron a la plataforma por usar de imagen a un personaje como Chumel, e incluso, llamaron a la población en general a desinstalar la aplicación para dejar de usar sus servicios.
Por otro lado, las y los repartidores de delivery se pronunciaron al respecto y aseguraron que Rappi debe tener más criterio con su imagen porque al final de cuentas “el que pierdan clientes nos afecta a nosotros”.
Sin embargo, también recriminaron que la plataforma lleva años con malos tratos hacia sus empleados, además de que evade sus obligaciones patronales al identificar a sus repartidores como “socios”, lo cual propicia que no sean reconocidos laboralmente y por ende, no reciban ninguna prestación social.
Y es que repartidores y repartidoras padecen los efectos del esquema de trabajo de aplicaciones como Rappi, el cual es altamente precarizado y sin estabilidad económica.
Esto, debido a que operan con supuestos esquemas laborales flexibles que identifican el trabajo de reparto como “prestación de un servicio extra”, y al trabajador como “socio” o “colaborador”, ideología que ocupan para evadir obligaciones fiscales y patronales, así como para engañar a la clase trabajadora convenciéndola de que las entregas no son sino un “dinero extra” por “prestar servicios”.
Bajo este contexto, sus repartidores no cuentan con el reconocimiento laboral de manera legal frente a las empresas. Los medios de trabajo que utilizan para repartir son autocosteados y sus ganancias van por pedido y se les restan impuestos, aunado a penalizaciones por retrasos, cancelaciones (a pesar de que los usuarios las realicen) y liberaciones de repartos.
Cabe recordar que en agosto pasado, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y Reparto de México (UNTA) interpuso una denuncia de hechos en contra de Rappi, en la que argumentaron que la empresa colombiana ha incumplido con la norma mexicana federal en distintos ámbitos, por ejemplo, en cuestión de los derechos al consumidor, las leyes federales del trabajo, así como las leyes federales de hacienda y del servicio de administración tributaria.
Por lo anterior, el sindicato pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) realice una investigación exhaustiva del actuar de la app con el fin de evidenciar las lagunas de la ley por las cuales la empresa evade el pago de impuestos y sus obligaciones patronales.
