Un estudio revela que las app’s de delivery crearán nuevos empleos año con año, sin embargo, operan bajo esquemas laborales irregulares que precarizan a sus repartidores.
Las aplicaciones de delivery han impulsado el número de personas ocupadas en el país, y aunque el número de repartidoras y repartidores de plataformas como Rappi, Uber Eats y DiDi Food va en aumento, dichas empresas no garantizan los derechos laborales de sus trabajadores.
De acuerdo al estudio “Las plataformas de entrega a domicilio en la economía mexicana” realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se prevé que para el cierre del año en curso, las plataformas de delivery tengan 62 mil repartidores adicionales, lo que representa un crecimiento anual del 25%.
Además, dado el auge de esta modalidad de trabajo y el aumento de la demanda de este tipo de servicios, se estima que en 2025 existan alrededor de 85 mil repartidores más, lo que sumaría un total de 390 mil 794 trabajadores de apps de delivery en México.
Si bien, el número de repartidores puede crecer en los siguientes años, es probable que lo hagan bajo condiciones de informalidad.
Lo anterior, pues las plataformas operan bajo esquemas laborales irregulares para evadir obligaciones fiscales y patronales, así como para engañar a la clase trabajadora convenciéndola de que las entregas no son sino un “dinero extra” por “prestar servicios” y que no son empleados, sino una especie de “socios” sin patrón.
Bajo este contexto, las y los repartidores de aplicación no cuentan con el reconocimiento laboral de manera legal frente a las empresas. Los medios de trabajo que utilizan para repartir son autocosteados en los que se incluyen motos, autos, bicicletas e indumentaria de protección.
Sus ganancias van por pedido y se les restan impuestos, aunado a penalizaciones por retrasos, cancelaciones (a pesar de que los usuarios las realicen) y liberaciones de repartos.
