Recordando el Pacto por México; ¿esos son los «contrapesos» que pide la oposición?

Pacto por México

La oposición confunde presidencialismo con gobernabilidad, pues su único interés es frenar el proyecto de la Cuarta Transformación, atrincherarse en el Poder Legislativo, recuperar sus privilegios y frenar los cambios profundos que se están llevando a cabo.

El ‘Pacto por México’ —acuerdo político-legislativo entre el PRI, PAN y PRD— fue presentado en 2012 como la conciliación de los principales partidos políticos en aquel momento para impulsar 13 mal llamadas «reformas estructurales»; sin embargo, su constitución fue totalmente cupular, corrupta y autoritaria ya que, detrás del lenguaje «moderno», escondía un proyecto de privatizaciones y saqueo en favor de las grandes corporaciones (nacionales y extranjeras), omitiendo la defensa de nuestra soberanía y del patrimonio nacional.

Dicho acuerdo fue firmado y presentado a la opinión pública para legitimar al entonces mandatario, Enrique Peña Nieto, luego de que tanto el PAN como el PRD lo señalaran por su compra de votos en la elección presidencial de 2012. 

El mal llamado ‘Pacto por México’ se exhibió como un instrumento que surgió de un acuerdo cupular en el que los dirigentes partidistas no tomaron en consideración la opinión de sus militantes y la sociedad mexicana en general fue marginada, escribiéndose así uno de los episodios más oscuros de nuestro país. 

Además, las reformas promovidas por el pacto se aprobaron debido a sobornos equivalentes a 404 millones de pesos que fueron repartidos entre diputados y senadores prianistas para que votaran a favor; esto, según ha confesado el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien está acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Ocho años después de la firma del pacto,  solo se tienen registrados dos gastos por un monto total de ocho millones 844 mil 959 pesos; lo que representa apenas el 2.1% de las 404 millones de pesos que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso habrían ordenado repartir entre legisladores para que aprobaran las enmiendas. 

Además, el dinero se repartió en tres etapas: en la primera se distribuyeron 120 millones de pesos; en la segunda se dieron 84 millones de pesos y en la tercera, al final del sexenio, lo que restaba. 

Entre los personajes involucrados en los sobornos se encuentran Ricardo Anaya Cortés; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy gobernador de Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro; José Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Ernesto Cordero Arroyo, exsenadores panistas. 

Cabe destacar que hay poco rastro oficial del dinero del ‘Pacto por México’, pues los recursos financieros se perdieron entre el gobierno de aquel entonces y los partidos políticos involucrados, sin facturas ni comprobantes de pago; años después de la firma del convenio, en los mecanismos de transparencia solo se encuentran gastos por eventos y estudios.

Información constatada revela que solo se erogó en el pacto a través de dos instituciones públicas. Una fue la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong (organizó y rentó los servicios de los eventos) y la otra fue el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

También se tienen registros de las reuniones preparatorias del convenio, en las que se rentaron salones de hoteles cinco estrellas, servicios de café de los más caros del mercado, papelería y además edecanes, según documentos oficiales. 

De 10 reuniones previas, se hizo un gasto de dos millones 465 mil 920 pesos con una cuota promedio de 246 mil 592 pesos solo en pagos de eventos. Además, se efectuaron alrededor de 145 contratos con un promedio de 43 mil 993 pesos, entre 2013 y 2018. Los más caros, 18 de ellos, fueron por 105 mil 825 pesos y el menor por dos mil 622 pesos.

Por otro lado, la reforma energética de 2013 dejó tras sí un halo de corrupción en el que se vieron involucrados una gran cantidad de políticos del PRI y del PAN que fueron piezas clave para «amarrar» su aprobación. En este sentido, el panista Luis Alberto Villarreal promovió el cobro de moches a alcaldes y gobernadores, y la Secretaría General de la Cámara de Diputados emitió cheques y depósitos en favor de las bancadas prianistas; esto, para conseguir el apoyo a la reforma que privatizó el sector energético y, en detrimento de Pemex y la CFE, benefició a empresas privadas y extranjeras. 

Reforma energética

El mal llamado ‘Pacto por México’ se desarrolló bajo nulos mecanismos de transparencia y nunca se estableció ningún código de ética que prohibiera la corrupción. De esta manera se aprobaron 13 reformas en materia de telecomunicaciones, hacendaria, laboral, financiera, energética y educativa, que vulneraron la soberanía nacional y popular, además de los derechos colectivos e individuales de las y los mexicanos.

En el marco de las elecciones del 2021, los partidos PRI-PAN-PRD han vuelto a unirse bajo la alianza “Va por México”, ofreciendo ser un “contrapeso” al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara baja. 

Sin embargo, la oposición confunde presidencialismo con gobernabilidad, pues su único interés es frenar el proyecto de la Cuarta Transformación, atrincherarse en el Poder Legislativo, recuperar sus privilegios y frenar los cambios profundos que se están llevando a cabo. En este sentido es que arguyen una supuesta sobrerrepresentación de Morena, cuando en realidad fue el partido guinda quien con la confianza de la ciudadanía ganó democráticamente en las urnas. 

En 2018, el pueblo de México salió a votar por la esperanza, con el propósito de ver llegar a un gobierno que le pusiera fin al modelo neoliberal que por años saqueó al Estado y marginó a la población y, para ello, le otorgó a Morena la mayoría en el Congreso. 

Las y los mexicanos votaron por un proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por tanto, resulta absurdo pensar que las y los diputados de Morena no aprueben iniciativas que responden a la causa por la que más del 53% de la población sufragó. 

No obstante, a la oposición le asusta e incomoda el hecho de que un movimiento popular, que representa todo lo contrario a sus intereses, pueda reemplazar al modelo socioeconómico de corrupción que ha generado tanta desigualdad a costa de un sinfín de privilegios para unos cuantos, por un nuevo modelo que abogue por la austeridad republicana y busque reducir las brechas sociales.

De esta manera, el supuesto «contrapeso» al que el PRIANRD apela, opera desde el odio y la subordinación a intereses, en los que están involucrados una cúpula de empresarios, consejeros, políticos y periodistas —como Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, por mencionar algunos—. 

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