El fenómeno de «puertas giratorias» es un ejemplo más de la corrupción que caracterizó al periodo neoliberal y a los sexenios anteriores, donde se unieron el poder político y el poder económico para beneficiar ciertos intereses por encima de las necesidades del pueblo mexicano.
En el marco de la consulta popular para someter a juicio a cinco expresidentes del periodo neoliberal —Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto—, la cual se llevará a cabo el próximo 1 de agosto y será el primer ejercicio de democracia participativa en México, es oportuno analizar el fenómeno conocido como «puertas giratorias», donde un presidente o funcionario de alto nivel beneficia a cierta empresa y, cuando sale de su cargo público, ésta lo contrata a modo de compensarle los favores.
Uno de los personajes políticos que más ha llamado la atención por caer en estas prácticas de corrupción es el expresidente Ernesto Zedillo, quien privatizó en solo dos años el patrimonio industrial, histórico y cultural de México que eran los ferrocarriles nacionales.
Su administración otorgó concesiones de entre 20 y 50 años al Grupo México Transportes (Ferromex), Grupo Acerero del Norte, Peñoles, Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana y Grupo Triturados Basálticos (Tribasa).
Además, por la indignante cantidad de mil 400 millones de dólares, vendió el sistema a Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries.
Cabe mencionar que, luego de este proceso, el sistema ferroviario se dedicó únicamente a transportar materias primas, se abandonó el transporte de personal y diversas regiones en el interior del país quedaron incomunicadas.
Casualmente, al término de su gobierno, Zedillo empezó a trabajar para una de las empresas que se beneficiaron con la privatización: Union Pacific, miembro de Ferromex, fenómeno conocido como «puertas giratorias», lo cual revela los acuerdos por debajo de la mesa entre el poder político y el poder económico.
Por otra parte, el gobierno de Felipe Calderón también se vio marcado por estas prácticas. Georgina Kessel, secretaria de Energía durante dicho sexenio, fue la encargada de implementar las licitaciones para abrirle paso a la inversión privada, favoreciendo en particular a las empresas Fenosa e Iberdrola, y debilitando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Unos años después, tras abandonar su cargo, la exfuncionaria terminaría siendo parte del consejo de accionistas de Iberdrola.
De igual forma, en 2016, el mismo Calderón fue incorporado como miembro del Consejo de Administración de Avangrid, compañía que surgió de la fusión entre la filial de Iberdrola en EE.UU. y UIL Holding. Esto, sin renunciar a la pensión de la que aún gozaba como exmandatario de México.
El fenómeno de «puertas giratorias» es un ejemplo más de la corrupción que caracterizó al periodo neoliberal y a los sexenios anteriores, donde se unieron el poder político y el poder económico para beneficiar ciertos intereses por encima de las necesidades del pueblo mexicano.
El hecho de que una empresa que gozó de privilegios durante una administración gubernamental, luego contrate a los expresidentes o exfuncionarios que le otorgaron dichos beneficios, comprueba cómo se utilizaba la función pública para hacer negocios y contactos, sin importarles el porvenir del país.
Ahora, el próximo 1 de agosto la ciudadanía decidirá si los políticos que gobernaron durante 30 años, hundiendo a México en la pobreza, desigualdad e injusticia, serán llevados a juicio para acabar por fin con la impunidad.
