El decreto de Calderón que desapareció la empresa eléctrica Luz y Fuerza del Centro puso a cerca de 44 mil trabajadores en la calle y dejó a casi 20 mil jubilados a la deriva. Se fueron a descansar el viernes y para el lunes ya no tenían trabajo.
En el marco de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto, hay sectores que especialmente ven este ejercicio como una oportunidad inédita para que por fin se haga justicia con respecto a diversos atropellos de los que han sido víctimas durante los gobiernos neoliberales.
Tal es el caso de miles de extrabajadores y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes desde hace más de una década, se enfrentan a la incertidumbre, sin dar tregua a la lucha por sus derechos laborales. Esto, tras la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC), efectuada por el gobierno de Felipe Calderón el 11 de octubre de 2009.
El decreto de Calderón que desapareció la empresa eléctrica puso a cerca de 44 mil trabajadores en la calle y dejó a casi 20 mil jubilados a la deriva. Se fueron a descansar el viernes y para el lunes ya no tenían trabajo; incluso se les negó inmediatamente el acceso a las instalaciones, con militares y granaderos de por medio, cual si fueran delincuentes.
Georgina Kessel, secretaria de Energía durante dicho sexenio, fue la encargada de implementar las licitaciones para ir allanando el camino a la inversión privada dentro de LyFC, favoreciendo en particular a las empresas Fenosa e Iberdrola, las cuales “ganaron” los concursos. Cabe mencionar que, casualmente, esta exfuncionaria terminaría siendo parte del consejo de accionistas de Iberdrola unos años después.
Por su parte, en 2016, Calderón fue incorporado como miembro del Consejo de Administración de Avangrid, compañía que surgió de la fusión entre la filial de Iberdrola en EE.UU. y UIL Holding. Esto, sin renunciar a la pensión de la que aún gozaba como exmandatario de México.
Sin embargo, el agravio contra los trabajadores de LyFC e incluso contra la soberanía energética del país no quedó ahí. Calderón solo abrió la puerta de lo que en realidad era un plan privatizador trans sexenal.
A pesar de la extinción de LyFC, el artículo 27 de la Constitución seguía estorbando a los intereses de quienes pretendían entregar el sector energético a compañías extranjeras, por lo que Enrique Peña Nieto llegó a concretar el saqueo con su reforma energética.
De esta manera, resulta evidente que tanto Calderón como Peña tienen cuentas pendientes con el SME, por lo que la consulta popular de juicio a expresidentes es una gran oportunidad para que los extrabajadores y jubilados puedan manifestar su exigencia de justicia mediante este ejercicio de democracia participativa y finalmente ver tras las rejas a quienes les arrebataron su empleo y sus derechos laborales.
