El candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Samuel García, tiene que explicar discrepancias en sus gastos de campaña por más de 30 millones de pesos.
La familia Rodríguez Cantú —la esposa, suegros y cuñada del candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno de Nuevo León, Samuel García—, es objeto de una de las investigaciones por lavado de dinero más importantes que tiene el gobierno de México.
La Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inspeccionan en conjunto a más de 60 empresas y prestanombres, triangulación de operaciones financieras, relaciones con sociedades fantasma, transacciones no comprobadas por mil 500 millones de pesos y otras irregularidades que involucran a la familia del aspirante emecista.
Cabe recordar que, desde el mes de abril del año en curso, la Secretaría de Hacienda, en colaboración con diversos bancos, inició una indagatoria en contra de Samuel García y de algunos miembros de su familia por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En este sentido, de todos los implicados en el caso, Jorge Rodríguez Valdez, suegro del candidato naranja, es el personaje sobre el que pesa la mayor cantidad de irregularidades detectadas. Tan solo en el 2014 y 2015, Jorge Rodríguez facturó casi mil 200 millones de pesos, suma que no ha podido ser legalmente comprobada.
De esta manera, según investigaciones, existe un complejo esquema en el que diversas empresas están relacionadas entre sí debido a que comparten socios, apoderados o direcciones fiscales en los estados de Nuevo León, Baja California Sur y Jalisco. De estas firmas, en al menos ocho, el suegro de Samuel García figura directamente como socio, apoderado o comisario.
Además, de acuerdo a las autoridades hacendarias, la mayor parte de las personas que aparecen como socios de las compañías involucradas en dicha red no son empresarios, sino que se trata de abogados, contadores y familiares directos de Rodríguez Valdez, como su hija Mariana Rodríguez Cantú —esposa de Samuel García—, a quien se le vincula con al menos cuatro empresas.
Asimismo, la pesquisa federal en torno al suegro de García avanza en dos direcciones. La primera responde a la existencia de operaciones de lavado de dinero y delitos fiscales que le compete específicamente a la Secretaría de Hacienda a través de sus distintas áreas.
La segunda tiene que ver con el posible financiamiento ilegal a la actual campaña del candidato emecista a la gubernatura de Nuevo León, situación que deberá ser atendida por las áreas de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), así como por la FGR y la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE).
Bajo este contexto, el candidato de MC tiene que explicar discrepancias en sus gastos de campaña por más de 30 millones de pesos.
De igual forma, deberá esclarecer por qué ha presentado reportes inconsistentes al INE, de dónde viene el dinero en efectivo que ha recibido su campaña, los 4.6 millones de pesos que envió a su partido en 2018 a través de empresas que el SAT cataloga como «fantasma» y, también, por qué las aportaciones en especie de los servicios de comunicación de su pareja, Mariana Rodríguez, no están incluidos en los gastos de campaña.
