A dos años de salir de la cárcel, el próximo 6 de junio el nombre del priísta Andrés Granier estará en las boletas electorales, a pesar de tener antecedentes penales por haber cometido delitos de corrupción.
El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó al exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo —quien estuvo recluido en la cárcel por el delito de peculado— el registro como candidato de la alianza prianista por la alcaldía de Centro.
En 2013, Granier fue detenido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de recursos del Seguro Popular, cometidos durante el ejercicio 2010. En 2018 fue sentenciado a 10 años, 10 meses y 15 días de prisión por haber desviado 196 millones 980 mil pesos cuando fue gobernador de Tabasco entre 2007 y 2012, de acuerdo con la Fiscalía estatal.
No obstante, en 2019 un juez le concedió la libertad y con total descaro regresó a la escena política declarando: “No pudieron destruirme”.
Además de Andrés Granier Melo, también se registró su hijo, Fabián Granier Calles, por la diputación al distrito VI local. Este también pisó la cárcel en 2018 y en su momento enfrentó una denuncia por evasión fiscal equiparable.
Con absoluta incongruencia y a dos años de salir de la cárcel, el próximo 6 de junio el nombre del priísta Andrés Granier estará en las boletas electorales, a pesar de tener antecedentes penales por haber cometido delitos de corrupción.
El caso de Granier deja en evidencia las prácticas fraudulentas y la hipocresía con las que el INE se sigue conduciendo, poniendo en riesgo la democracia del país.
Cabe recordar que el órgano electoral atentó contra el derecho constitucional de votar y ser votado, al retirarle las candidaturas a 49 aspirantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por unas cuantas publicaciones de Facebook, ignorando la instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revalorar la sanción para que sea justa y proporcional a los hechos.
Sin embargo, en paralelo permite que políticos prianistas sentenciados por trasgredir la ley puedan ostentar una candidatura y regresar al poder, omitiendo sus antecedentes de corrupción en la función pública.
