FGR inicia investigaciones contra consejeros del INE

De acuerdo con Animal Político, la FGR comenzó las indagatorias en contra de seis consejeros del INE por los delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.  

Este martes trascendió que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió formalmente una carpeta de investigación en contra de seis consejeros y del secretario técnico del Instituto Nacional Electoral (INE) por la posible comisión de delitos de corrupción. 

De acuerdo con Animal Político, la apertura de dichas indagatorias ocurrió luego de que la Fiscalía recibió la denuncia en contra de los consejeros por supuestos hechos irregulares. 

En este sentido, la investigación estará a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) adscrita a la FGR, aunque con autonomía técnica y de gestión.

La pesquisa en contra de los consejeros del órgano electoral inició después de que personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados entregara la denuncia a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la FGR.

La demanda penal es en contra del consejero presidente Lorenzo Córdova y los consejeros electorales Ciro Murayama, Dania Paola Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Zavala Pérez, así como del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina. 

En la querella presentada se acusa a los personajes ya mencionados de la posible comisión de los delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad; ilícitos que supuestamente se habrían materializado en la votación del Consejo General del INE en la que se determinó aplazar el proceso de la consulta de revocación de mandato.

Dichos delitos, de acuerdo con el Código Penal Federal, ameritan penas de cárcel: de dos a siete años de prisión en el caso de coalición de servidores públicos, y de uno a ocho años de prisión en el tema de abuso de autoridad.

Cabe señalar que el delito de abuso de autoridad amerita, además, prisión preventiva automática tras las reformas impulsadas por el gobierno y aprobadas en 2019.

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