En palabras de Bouzas Ortiz, el principal propósito de la subcontratación es liberarse de obligaciones laborales y beneficiarse en aspectos fiscales; bajo este método, se encuentran alrededor de cinco millones de trabajadores en el país.
De acuerdo a un análisis realizado por el doctor y académico José Alfonso Bouzas Ortiz, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el país, nueve de cada 10 empresas dedicadas a la subcontratación son fraudulentas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió mil 854 empresas relacionadas al outsourcing ilegal y autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calcularon que, en el año 2018, este esquema permitió que se evadieran impuestos por casi 500 mil millones de pesos.
En palabras de Bouzas Ortiz, el principal propósito de la subcontratación es liberarse de obligaciones laborales y beneficiarse en aspectos fiscales; bajo este método, se encuentran alrededor de cinco millones de trabajadores en el país.
En noviembre del año pasado, y con el objetivo de fortalecer el empleo, combatir las prácticas que dañan los derechos laborales y poder tipificar como fraude fiscal el uso de esquemas simulados de prestación de servicios especializados, el Poder Ejecutivo difundió un proyecto para reformar seis leyes y el Código Fiscal de la Federación.
Sin embargo —a pesar de ser un plan esperanzador—, la iniciativa privada, encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial y otros organismos, rechazó la propuesta; por tal motivo, su discusión permanece paralizada en el Congreso.
Por otro lado, Luis Manuel Pérez de Acha, doctor en derecho, mencionó que es necesario contar con acciones legales y penales para inhibir estas conductas. Además, expuso que con la ley existente se puede proceder fiscalmente contra los outsorceros de alto perfil en el país.
Aunque existe polarización de opiniones respecto al tema, es un hecho que la subcontratación vulnera los derechos de los trabajadores y diversas empresas se aprovechan de los vacíos legales.
Por este motivo, uno de los principales objetivos que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es acabar con dicha práctica. Como él mismo lo ha mencionado, el outsourcing ha permitido la evasión fiscal de sumas millonarias.
Bajo este compromiso, cabe resaltar que, hace menos de un mes, la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión en contra de Raúl Beyruti, conocido como “El rey del outsourcing”, debido a una investigación de la UIF que reveló que Beyruti, no reportó al fisco 34 mil millones de pesos, escondidos a través de 92 empresas de subcontratación.
