Se identificaron mil 200 empresas bajo este esquema y 862 mil 489 trabajadores con probables afectaciones a sus derechos laborales, informó Luisa Alcalde.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, advirtió que no hay por qué temerle a la iniciativa del gobierno federal para regular el outsourcing.
A decir de la funcionaria, los “ganones” siempre fueron los dueños de las empresas que evadían impuestos y dejaban sin protección social a los trabajadores.
De igual forma, aseguró que hasta los propios empleadores han denunciado este esquema de subcontratación, pues representa una competencia desleal en la que se encuentran cerca de 4.6 millones de personas.
“Se tiene que atender y escuchar al sector empresarial, pero se tiene que gobernar también para los trabajadores y los millones de personas que se ven afectadas por estos esquemas tan agresivos”, indicó Alcalde Luján en entrevista para Reporte Índigo.
Acorde con la iniciativa presentada el pasado 12 de noviembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se advierte que con el outsourcing los trabajadores son registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un salario menor al que perciben. De igual forma, se les da liquidaciones e indemnizaciones inferiores a lo correspondiente, se afecta su pensión, el fondo de vivienda, entre otras prestaciones y derechos laborales.
Con respecto al ámbito fiscal, la subcontratación es una herramienta para muchas empresas no paguen impuestos ni cuotas al IMSS o al Infonavit.
Es en este sentido que la 4T está proponiendo sancionar hasta con nueve años de prisión, por “evasión fiscal calificada”, a las empresas que facturen operaciones simuladas mediante la prestación de servicios.
Alcalde Luján destacó que se ha tenido un diálogo constructivo con el sector empresarial y se le ha entregado la iniciativa para su revisión.
Desde el inicio de esta administración, se armó un equipo de trabajo para realizar operativos conjuntos con el fin de encontrar irregularidades “por los abusos de la subcontratación y cómo se había disparado en el mercado laboral”, subrayó. Esto, en coordinación con el IMSS, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal.
Luego de siete megaoperativos de inspección, se identificaron mil 200 empresas bajo este esquema y 862 mil 489 trabajadores con probables afectaciones a sus derechos laborales, ha informado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“Con la subcontratación llegamos a perder cada año —y no es nuevo, se ve en 2018, se ve en 2017— más de 300 mil empleos que se dan de baja de las empresas y luego se vuelven a contratar a finales de enero o febrero”, manifestó la funcionaria.
Asimismo, detalló que en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 se registró un fenómeno similar, donde muchos empresarios lucharon por mantener sus nóminas y pagar sus contribuciones, al tiempor que los subcontratistas vaciaron sus nóminas por completo.
De esta manera, la secretaria aseveró que con la iniciativa presentada se podrá contar con lineamientos específicos para la contratación de servicios especializados y la operación de las agencias de contratación y reclutamiento, cuando pueda ser muy complejo contratar personal especializado.
“Uno no puede decir que apuesta y que defiende un modelo, un esquema que violenta de manera directa y frontal los derechos de sus trabajadores”, expresó.
