Tomás Zerón suma nueva carpeta de investigación por el caso Pegasus

La FGR imputa a Zerón y otros tres exfuncionarios de primer nivel, los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa, todos ellos ligados al caso Pegasus

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por la adquisición del software espía Pegasus, en la que Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y acusado de tortura en el caso Ayotzinapa, figura como uno de los principales acusados.

La carpeta involucra a Zerón y a otros tres exfuncionarios de primer nivel, a quienes la FGR imputa los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa, por su presunta responsabilidad en la contratación y adquisición del sistema de espionaje Pegasus. 

De acuerdo con la dependencia, en el contrato realizado en 2014, participaron exfuncionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), como la exOficial Mayor, Judith Aracely Gómez Molano; el extitular de la Policía Federal Ministerial, Vidal Diazleal Ochoa, y el exdirector de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), Rigoberto García Campos.

El monto de la operación, informó la fiscalía, fue de 460 millones de pesos, por un sistema que no lo tiene esta nueva administración, “que nunca lo ha usado la FGR y que fue adquirido ilícitamente”.

En septiembre de 2020, Zerón fue notificado que le fue negado un amparo en revisión con el que buscaba evitar presentarse a declarar en relación con el malware Pegasus, utilizado para espiar a activistas, periodistas y políticos.

Zerón implicado en caso Ayotzinapa

Zerón es buscado por el Gobierno de México por casos de tortura en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Las autoridades mexicanas y los familiares de los estudiantes desaparecidos acusan a Zerón de “sembrar” pruebas para respaldar la primera versión oficial de que los normalistas fueron quemados y sus restos arrojados a un río en 2014.

El 23 de abril de 2021, la FGR giró una nueva orden de aprehensión contra él por los probables delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.

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