‘El Bronco’ había sido vinculado a proceso el pasado 17 de marzo por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.
Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, por su probable participación en el delito de abuso de autoridad al no indemnizar y utilizar los activos del empresario Abelardo Martínez García en la requisa de la Ecovía.
Este lunes se desarrolló la audiencia de imputación que había comenzado el pasado viernes, la cual tuvo que ser suspendida porque ‘El Bronco’ manifestó molestias de salud.
La autoridad judicial dejó pendiente la resolución de la medida cautelar, misma que definirá si el exmandatario permanece en prisión preventiva dentro del Centro Penitenciario de Apodaca o continúa el juicio en prisión domiciliaria en el municipio de García.
‘El Bronco’ había sido vinculado a proceso el pasado 17 de marzo por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, al recibir indebidamente dinero para su campaña presidencial del 2018.
“Broncofirmas”: el caso por el que detuvieron a ‘El Bronco’
Las mejor conocidas como «broncofirmas» son el motivo por el cual el exgobernador neoleonense fue trasladado al penal 2 de Apodaca en marzo pasado.
En 2018, Jaime Rodríguez pidió licencia para participar en la contienda presidencial, como candidato independiente; para lograr su cometido, tuvo que recolectar al menos 866 mil 593 firmas, tal como lo marcaba la ley y contar con el apoyo de al menos el 1% de los electores en 17 estados.
‘El Bronco’ lo logró pero con un gran problema pues utilizó a 572 funcionarios del gobierno de Nuevo León para la recolección de firmas. Además, en ese momento el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó una multa a Jaime Rodríguez por 739 mil pesos debido a que se detectaron diversas prácticas ilegales de financiamiento a su campaña por alrededor de 12.8 millones de pesos.
Posteriormente, en 2019, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) levantó una denuncia penal. Con esto, a finales del mismo año, el Congreso del estado determinó que sí existió un desvió recursos del erario público para recabar firmas.
