La OSC exige que se tomen las medidas necesarias y contundentes que garanticen una investigación diligente y objetiva, “así como acciones de no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos”.
La Articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México (OSC) ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación exhaustiva, imparcial e inmediata sobre la adquisición, uso ilegal y encubrimiento del espionaje efectuado por el expresidente Enrique Peña Nieto a través del malware Pegasus.
Por medio de un boletín, la OSC apunta que recientemente fue revelado que diversos gobiernos en el mundo afectaron potencialmente 50 mil números telefónicos por el software de espionaje Pegasus de NSO Group, entre los que se encuentran 15 mil números mexicanos, incluyendo los de al menos 109 personas defensoras de derechos humanos y 25 periodistas.
Ante este escenario, la OSC señala que las consecuencias de dicha práctica ilegal son graves, debido a que una vez instalado el malware en el teléfono de las víctimas, proporciona al atacante pleno acceso a mensajes, correos electrónicos, elementos multimedia, contactos, entre otras cosas.
Además, refiere que los actos de espionaje realizados durante la administración peñista no fueron hechos aislados, pues formaron parte de una política de gobierno que se caracterizó por las agresiones y actos de hostigamiento en contra de personas defensoras de DD.HH. y periodistas durante todo el sexenio, entre las que se destacan el asesinato, agresiones físicas, desplazamiento y criminalización.
Asimismo, se indica que durante ese mismo periodo un total de 161 personas defensoras y 47 periodistas fueron asesinados por motivo de su labor permaneciendo en impunidad.
“Ante los actos de espionaje, nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, entre las que se encuentra la integrante del Equipo Directivo de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, así como el Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera y el abogado Vidulfo Rosales, quienes también integran el Espacio OSC, así como las demás personas defensoras y periodistas objeto de intentos de espionaje”, se lee en el boletín.
La OSC asegura que el espionaje no solo es una práctica ilegal, sino también un ataque a la intimidad y acceso a datos personales, así como al de familiares, amistades, redes de apoyo, movimientos sociales y víctimas que acompañan en la labor de defensa y promoción de derechos humanos.
En este sentido, la instancia exige que se tomen las medidas necesarias y contundentes que garanticen una investigación diligente y objetiva, el acceso a la justicia para todas las víctimas, “así como acciones de no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos”.
Por lo anterior, la OSC ha solicitado realizar las gestiones correspondientes para asegurar un mecanismo de asistencia técnica internacional a las investigaciones en curso, con el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos.
Además, pide transparentar los expedientes de contratación de Pegasus por parte del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como fortalecer las medidas de protección en todos los niveles de gobierno para personas defensoras y periodistas.
Por último, se llama a diseñar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y asistencia técnica de organismos de derechos humanos, “acciones y reformas que establezcan controles y mecanismos de transparencia, ante la adquisición y uso de herramientas de vigilancia que atenten contra la privacidad o algún otro derecho humano”.
