La caída de Castillo; gobierno de AMLO lo inhabilita por una década

La caída de Alfredo Castillo por fin ha iniciado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo ha deshabilitado para ocupar cualquier cargo público por una década.

Son innumerables los delitos que Alfredo Castillo ha cometido gracias al respaldo que siempre obtuvo de su fiel amigo Enrique Peña Nieto, entre los más mediáticos se encuentran el caso Paulette, las decenas de irregularidades como excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán o el más reciente al frente de la CONADE, donde se desempeñó como titular y por el cual ha sido inhabilitado. 

La Secretaría de la Función Pública, liderada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que Alfredo Castillo no podrá ejercer ningún cargo público durante diez años debido al crecimiento inexplicable de sus ingresos en los últimos años y de los que omitió declarar.

A través de un comunicado, la SFP señala que Alfredo Castillo “faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016”, de sus seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge con más de 18 millones 300 mil pesos.

La omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.

El excomisionado para la Seguridad de Michoacán ya fue notificado de la sanción que deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial y que le impide desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, declaró Irma Eréndira Sandoval. 

Este procedimiento sancionador contra Alfredo Castillo es parte de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.

Sandoval Ballesteros señaló que: “La nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar”.

¿Quién es Alfredo Castillo?

Alfredo Castillo es un íntimo amigo de Enrique Peña Nieto, tan así que cuando este último fue gobernador del Edomex, lo nombró como subprocurador de Justicia del Estado de México, en donde resaltó protagonismo debido al polémico caso de Paulette, la pequeña de cuatro años con discapacidad que desapareció y fue hallada sin vida varios días después en su propio cuarto, entre el colchón y la cama.

Como premio, Peña Nieto le dio el cargo de procurador de Justicia luego de la renuncia de Alberto Bazbaz. El puesto lo ocuparía hasta el 2012.

Posteriormente, estallaría el movimiento autodefensa del estado de Michoacán, provocado por una guerra que Felipe Calderón inició en su gobierno. Peña Nieto ya como presidente de la República lo nombró Comisionado de Seguridad para el Desarrollo Integral de la entidad.

Durante su mandato fue nombrado como “el virrey” de Michoacán, y es que ni el gobernador en turno, Fausto Vallejo Figueroa tenía tanto poder como el que se le concedió a Castillo en ese año, quien decidió armar a todos los grupos de autodefensa, con conocimiento pleno de que varios de ellos eran infiltrados del narco.

Al frente de la seguridad de Michoacán, también mandó a encarcelar al líder autodefensa José Manuel Mireles, quien en reiteradas ocasiones le hizo saber sobre su errores, entre ellos darle armas a los autodefensas. 

Ante los reclamos de la sociedad, Peña Nieto decide sacarlo de Michoacán y lo colocó al frente de la Conade de junio de 2015 a diciembre de 2018, donde se detectaron una serie de irregularidades. 

En marzo el 2019 dio a conocer que no encontró registro de 21 proveedores a los que se les canalizaron 262.1 millones de pesos, dinero que habría sido dirigido a empresas fantasma, lo cual fue parte del Informe de resultados de Fiscalización de Cuenta Pública 2017.

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