El impuesto a las grandes fortunas hace más justo el sistema fiscal, fortalece la capacidad de gasto del Estado —sobre todo en tiempos de crisis— y estimula el crecimiento económico a corto plazo teniendo efectos sociales positivos al reducir la desigualdad.
En medio de la crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, la idea de implementar el impuesto a las grandes fortunas se vuelve ineludible. En América Latina la mitad de los ingresos tributarios provienen de impuestos indirectos que, en términos relativos, afectan más a quienes menos ingresos perciben.
En este sentido, fortalecer la capacidad de gasto del Estado en el contexto de una emergencia económica y sanitaria es justo y necesario. Asimismo, instar a quienes concentran la riqueza a que realicen una contribución extraordinaria con el objetivo de promover la igualdad económica en la nación resulta imprescindible.
El impuesto a las grandes fortunas hace más justo el sistema fiscal, fortalece la capacidad de gasto del Estado —sobre todo en tiempos de crisis— y estimula el crecimiento económico a corto plazo teniendo efectos sociales positivos al reducir la desigualdad.
La iniciativa ha comenzado a resonar en los países desarrollados. Por mencionar un ejemplo, en diciembre del año pasado, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, aprobó una serie de medidas para recuperar la economía del país en el marco de la pandemia del coronavirus. Entre ellas, avaló el impuesto a las grandes riquezas.
Al momento se han inscrito alrededor de 182 contribuyentes y Bolivia ha recaudado más de 22.9 millones de dólares, por lo que se han superado las expectativas y se ha logrado una considerable recaudación fiscal.
Otro de los países que se ha sumado a esta medida es Argentina. En diciembre de 2020, el Senado aprobó la ley de Solidaridad y Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas, un impuesto único destinado a ayudar a cubrir los costos de la crisis por COVID-19.
Con esto, el gobierno argentino dirigido por Alberto Fernández espera recaudar alrededor de 3 mil millones de dólares, los cuales ayudarán también a financiar becas y ayudas sociales.
Además, cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha instado a los gobiernos del mundo a aplicar este impuesto con el fin de reducir las desigualdades extremas.
En México, el legislador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso un impuesto a las grandes fortunas para colaborar en el fortalecimiento financiero de modo que sea posible ayudar a enfrentar los estragos de la pandemia. Además, en el país, la tributación de los altos percentiles de ingreso es muy baja comparado con el panorama internacional.
Si bien la medida de impuesto a las grandes riquezas representa una opción factible para combatir el impacto de la emergencia sanitaria y reducir las desigualdades, mucho se ha hablado acerca de que, una vez implementada la medida, los grupos acaudalados del país podrían migrar debido al «descontento» que esta legislación pueda causarles.
No obstante, estudios realizados por Cristobal Young (The Myth of Millionaire Tax Flight, 2017) revelan que los ricos son el grupo social que menos migra debido a que sus fortunas son profundamente dependientes del lugar donde viven; sus contactos, círculos sociales e influyentismo dependen de mantenerse en un mismo sitio.
De esta manera, la idea de que si existiera un impuesto a los más ricos causaría que estos se vayan del país, es un mito; su poder necesita de las redes de influencia que tienen en su país natal, mismas que les han dado la condición de élite.
En medio de la crisis sanitaria que aqueja al mundo, gravar las fortunas de las personas más acaudaladas podría ser una alternativa para las naciones que están luchando por conseguir recursos para destinarlos a paliar los efectos de la pandemia por el coronavirus.
