A pesar de las pruebas que muestran cómo el PRI prestó su estructura política para posibilitar el desvío y blanqueo de recursos, el TEPJF dio ‘carpetazo’ al caso
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio ‘carpetazo’ al desvío de 250 millones de pesos como parte de la Operación Safiro, con la que el PRI recibió aportaciones ilegales para sus campañas electorales en 2016.
El máximo tribunal en materia electoral confirmó una resolución adoptada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en la que concluyó que no hay certeza de que los recursos malversados, una vez convertidos en dinero líquido, hubieran ido efectivamente a parar a las cuentas del tricolor o a sus campañas electorales.
A pesar de las pruebas que muestran cómo el PRI prestó su estructura política para posibilitar el desvío y blanqueo de recursos, el magistrado Felipe Fuentes, autor del proyecto de sentencia, ha considerado que no se puede concluir que el mecanismo tuvo por objeto beneficiar a dicho partido.
La resolución del INE sobre ‘Operación Safiro’
El 30 de marzo, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo en el que cerró las investigaciones por el presunto financiamiento ilegal a las campañas del PRI a través de un esquema conocido como Operación Safiro.
Dicho mecanismo consistió en el desvío millonario de recursos del gobierno de Chihuahua, en ese entonces a cargo de César Duarte, a las campañas del PRI en 2016.
La investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización (UFT) describe detalladamente la triangulación de recursos del gobierno federal y local a través de empresas fachada.
Originalmente, la UTF proponía declarar fundado el caso de financiamiento ilegal al PRI y, al detectarse un presunto financiamiento ilegal por 250 millones de pesos, la multa que le hubiera correspondido al partido ascendía a 500 millones de pesos.
Sin embargo, en la Comisión de Fiscalización se impuso por mayoría de votos el criterio de declarar infundada la queja, y así fue presentado el proyecto al Consejo General.