El gobierno federal ha informado que más de 20 mil autoridades municipales, agrarias y comunitarias están participando en la Reforma Indígena que busca garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Comunidades de Chiapas han coincidido en que la iniciativa de la Reforma Indígena reivindica los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, una demanda histórica vigente en todo el país desde el año 1996.
Los pueblos indígenas del país participan activamente en la construcción de un nuevo marco constitucional que ponga en el centro de las políticas públicas sus derechos inalienables, de manera especial el reconocimiento y respeto a sus procesos de libre determinación y autonomía consagrados de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En este sentido, en las Asambleas Regionales en Las Margaritas y Ocosingo, Chiapas; así como en Tehuacán, San Miguel Canoa y Huauchinango, Puebla, autoridades municipales, agrarias y comunitarias aprobaron el proyecto de iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.
En dichas reuniones resaltaron de manera puntual el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Además, el comisariado ejidal, Gabriel Aguilar Hernández, subrayó la importancia de respaldar la iniciativa de reforma constitucional pues “ha llegado la hora de contar con leyes que promuevan la defensa de los derechos de los pueblos indígenas”.
Momento histórico
Durante la asamblea de Ocosingo, la diputada del partido guinda y presidenta de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, Irma Juan Carlos, apuntó que las comunidades viven un momento histórico en la lucha de sus derechos, pues con la llegada del movimiento de la Cuarta Transformación, se vive una coyuntura política abierta, transparente y solidaria.
«Hoy vivimos un momento histórico, una coyuntura política diferente, gracias al gran triunfo del pueblo el primero de julio de 2018, cuando se decidió darle vuelta a la página gris y negra que vivíamos como país cuando éramos gobernados por un sistema neoliberal, que hizo todo para acabar con nosotros como pueblos y con nuestros derechos”.
Además, refirió que hoy, el pueblo de México puede presumir que vive una transformación que busca justicia y bienestar, que sabe que el producto de la justicia es precisamente que haya paz social y desarrollo, con ejercicios de diálogo y participación, en busca de cambios profundos de las estructuras políticas, económicas y jurídicas.
La reforma avanza junto con los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas son la base para que la iniciativa pueda funcionar entendiendo la democracia a través de la participación ciudadana y con conocimiento de la ley para ejercer los derechos.
Bajo este contexto, las comunidades han solicitado respeto y reconocimiento para sus autoridades, que se eliminen los requisitos en las leyes locales del estado para que las personas indígenas puedan ser autoridades y ocupar cargos públicos y que las mujeres tengan derecho a la propiedad de las tierras al igual que los hombres.
Además, pidieron que se reconozca y garantice el uso de las lenguas indígenas en todos los ámbitos y niveles educativos, además de que sea garante de los derechos de la niñez y la juventud con igualdad de oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo.
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Cabe destacar que el gobierno federal ha informado que más de 20 mil autoridades municipales, agrarias y comunitarias están participando en este hecho sin precedente que busca la construcción de una iniciativa que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos y que los reconozca como sujetos de derechos públicos.
Por su parte, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, agradeció la participación de la consulta para fortalecer y socializar la reforma.
“Estamos concluyendo este proceso tan importante de análisis y reflexión, hemos presentado una propuesta de iniciativa para concensarla en todo el país y presentarla al presidente de la República”.
