El protocolo recupera los aprendizajes de colectivos de familiares desaparecidos, equipos forenses independientes y sociedad civil para garantizar los derechos de las víctimas.
El “Protocolo Interdisciplinario de notificación de la identificación de personas desaparecidas y restitución digna” fue publicado como una propuesta del Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos para enfrentar la situación de las desapariciones en México y la crisis forense, incorporando la perspectiva psicosocial en los procesos para garantizar que se realicen de manera digna y confiable.
A través de un proceso participativo, el protocolo recupera los aprendizajes de colectivos de familiares desaparecidos, equipos forenses independientes, sociedad civil, así como estándares internacionales y buenas prácticas para garantizar los derechos de las víctimas.
En este sentido, los objetivos del protocolo son: incorporar la perspectiva psicosocial, comprender las necesidades de las víctimas en los procesos forenses, determinar las fases del proceso de notificación y garantizar el derecho a la participación activa de los familiares de las personas desaparecidas.
Como una forma de acompañar las luchas por la verdad y la justicia, desde el Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos elaboramos el protocolo #NotificaciónDigna de la identificación de personas desaparecidas y restitución.
— Fundar (@FundarMexico) June 10, 2021
Abrimos hilo. pic.twitter.com/RM0m4uCnSp
A través de la plataforma Notificación Digna, se apunta que cuando la identificación forense y la notificación del resultado se realizan de manera confiable y respetuosa, permiten a los familiares llevar a cabo prácticas rituales que favorezcan el inicio de un proceso de duelo y en cierta medida, poner fin a la angustia e incertidumbre.
Es por lo anterior que la posibilidad de un proceso de duelo depende de una serie de condiciones sociales y políticas como saber la verdad de lo acontecido y el reconocimiento social de la vida que se perdió.
La elaboración del protocolo fue facilitada por tres organizaciones de la sociedad civil: Fundar, GIASF y Serapaz, con el apoyo del Servicio Judío (AJWS), y contó con la participación de familiares de personas desaparecidas, así como organizaciones que participaron en la revisión y retroalimentación del Protocolo, como el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Comité Internacional de la Cruz Roja.