La estrategia de seguridad del actual gobierno va muy de la mano con la UIF y por el camino correcto a fin de dar golpes de autoridad, contundentes en la mesa al poder económico del crimen organizado, pero es necesario no perder de vista al emisor y al receptor de las armas ilegales, y es precisamente lo que se está haciendo.
Por: Eduardo Ruiz
Resulta muy peculiar cómo algunos critican o se burlan de la demanda interpuesta por el gobierno mexicano en contra de productores y distribuidores de armas en Estados Unidos.
Señores, para regular el mercado armamentista, no sólo México, sino el mundo está en pañales, por no decir que en embrión. Los fabricantes de armamento evolucionan y la humanidad no. Entre más sangrientos sean los conflictos bélicos, más sofisticadas y eficientes son las armas y gases de la muerte. Es uno de los negocios más fabulosos en ganancias en el mundo y los gobiernos no lo frenan; al contrario, lo alientan.
Quizá sea por esto por lo que muchas personas, incluso las de buena fe, también se cuestionen a qué le tira el gobierno mexicano con esta demanda ante una Corte Federal en Boston. También me he puesto a reflexionar y considero que nuestro actual régimen se propone fijar un precedente para llevar a cabo una serie de cambios importantes en materia de seguridad y de relación binacional con “el vecino del norte”.
Hay que hacer un poco de memoria histórica y repasar uno de los tantos acuerdos perversos que han desatado la inseguridad y la violencia en México, como antecedente frente a esta problemática: el operativo «Rápido y Furioso» fue el caso más escandaloso, pero el tráfico de armas continúa de norte a sur para empoderar a los cárteles del crimen organizado. Y efectivamente, son armas que tienen la firma de Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt’s Manufacturing Company LLC, y Glock Inc., mismas a las que demanda el gobierno mexicano ante la Corte Federal de Boston.
Es evidente que nadie desconoce la presión que ejerce el gobierno norteamericano sobre el gobierno de México para que controle la violencia del crimen organizado dentro de su territorio; sin embargo, cruzan por la frontera cargamentos de armas ilegales que van a parar a las manos de la delincuencia que, durante décadas y lamentablemente hasta la fecha, siguen lastimando a nuestra amada patria. Cuando la violencia es imparable, Estados Unidos ofrece «ayuda» y ¡en un abrir y cerrar de ojos!… ya tenemos un «Plan Mérida», herencia maldita y envenenada del sexenio ilegitimo del alcohólico genocida Felipe Calderón que en la forma trae puesto el disfraz de «colaboración binacional» para desmembrar a los principales cárteles, pero que en el trasfondo se trata de un mecanismo de injerencia y espionaje de la DEA, CIA, FBI, NSA, DIA, ICE, y un largo etcétera.
Después de todo esto, es muy importante precisar que esta demanda quizá pretenda fijar un precedente: el precedente de «balconear» a los fabricantes que han incurrido en tráfico de armas a nuestro país, y «balconear» la nula colaboración que se tendrá de Estados Unidos en estos temas. Lo que viene después es la vigilancia de esta industria armamentista a fin de que quede señalada en los nuevos tráficos y decomisos de armas al crimen organizado en nuestro país. El segundo paso será la total desaparición del nauseabundo «Plan Mérida». Y después, la construcción de una relación de colaboración y respeto en simetría diplomática con “la gran potencia” donde se cancele toda su injerencia y presencia en nuestra soberanía.
La lucha conjunta contra el crimen no se acaba, pero se “marca una raya bien pintada” y se acaban las simulaciones que llevan de fondo otros intereses muy oscuros y perversos. Considero que para abatir la violencia del narcotráfico en México se le tienen que arrebatar partes de su geografía, su estructura financiera y sus nexos político-institucionales. Ha quedado demostrada como inútil la relación dependiente con EE.UU. para ese efecto y que ha resultado contraproducente toda vez que por esa vía encontró las puertas abiertas de par en par para el intervencionismo en asuntos internos por medio de espionaje.
Es verdaderamente irresponsable afirmar que la demanda es «un balazo en el pie» para México y que las acusaciones «carecen de fundamento», es tanto como ver el asunto desde aguas superficiales sin querer echarse un clavado en la profundidad de los intereses del poderío económico y político en combinación con la multimillonaria industria armamentista que detona las causas de la violencia del narcotráfico, de las guerras civiles y entre las naciones del mundo.
Sería necesario para México, en este caso, plantar un hito para recuperar dignidad e independencia ante “el imperio”. Se pretende -considero- paso a paso «deshacer» el entuerto que dejaron los anteriores gobiernos corruptos y serviles que siempre presumían por todo lo alto la detención de algún capo, pero nunca tocaban las estructuras financieras de sus cárteles.
La estrategia de seguridad del actual gobierno va muy de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera y por el camino correcto a fin de dar golpes de autoridad, contundentes en la mesa al poder económico del crimen organizado, pero es necesario no perder de vista al emisor y al receptor de las armas ilegales, y es precisamente lo que se está haciendo.
