“Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena”
Gandhi
Por: Javier Cravioto
Mientras los aspiracionistas crean que son parte de las élites seguirán asumiendo las verdades con las que les tutelan su opinión y seguirán siendo borregos dirigidos por los grupos de poder.
Se ha puesto de moda el que cualquier ex funcionario de gobierno, político o empresario a quien la autoridad investiga por presuntos actos de corrupción, delincuencia organizada, o enriquecimiento ilícito se autonombre ipso facto: perseguido político.
Como ya es natural, las élites políticas y conservadoras a través de los medios de comunicación y redes sociales opositoras al gobierno del presidente López Obrador, secundan –si no es que lo inician- ese auto impuesto apelativo con el que buscan resolver su aparente inocencia. Qué mejor que colgarse de una persecución política en vez de solucionar una acusación. Con que el indiciado se presente a juicio y pueda desestimar lo que se le imputa sería suficiente para salir victorioso y además ser héroe o heroína por haber librado una acusación desde el poder.
Y digo que se ha hecho costumbre porque ahora, casi tres años después de que inició este gobierno, ha llegado el tiempo en el que la lenta justicia logra tener armados los expedientes y pruebas con que sustentar sus denuncias. Y así es como cada semana van brotando nuevos nombres y se conoce de nuevos presuntos delincuentes. No es que no se intuyera o que no fuera conocido el enriquecimiento inexplicable de casi cualquier ex funcionario o empresario ligado al PRI, PAN y PRD, pero era necesario que se conformaran y se sustentaran con pruebas las carpetas de investigación. Es de esperar que seguirán cayendo cada uno de estos que han saqueado al país, poco a poco, paso a paso.
Ninguna agrupación, sea de científicos, de comunicadores, de empresarios, de deportistas, de artistas o de lo que sea es perseguida como tal. Se persigue a individuos presuntos delincuentes.
Está en boga mediática en estos días la acusación sobre 31 personas que fueron funcionarios en el CONACYT, la prensa y redes plantean el tema como que ¡este gobierno persigue a científicos!, como si el señalado fuera un grupo o sector por completo; la realidad es bastante más simple; por lo que hay de información pública son 31 personas, de las cuales 22 hacían labores administrativas y que se confabularon para saquear cientos de millones de pesos de la institución y trasladarlos a un asociación privada de la que se adueñaron. Obviamente tiene que ser la autoridad judicial quien resuelva la situación de esos 31 ciudadanos que, algunos de ellos, tienen como actividad dedicarse a la academia o a la ciencia. Jugar con el lenguaje en esta situación y decir “científicos” a manera de manto protector o de santidad a priori nada tiene que ver con los hechos que se les acusa, y mucho menos tiene que ver su actividad científica (en caso de que alguno la tuviera). No por ser científicos son exentos de delinquir al igual que ser sacerdote no exenta de ser pederasta, no hay pureza ni inmunidad por la actividad a la que cada quién se dedique.
La cuestión alrededor de esa forma de generalizar mintiendo a través del lenguaje es que los medios y redes sociales -de usos y costumbres neoliberales- tratan de confundir en otro más de sus intentos de manipulación usando el engaño y la tergiversación.
¿Y quienes caen en el engaño? Todos aquellos dispuestos a encontrar un argumento que les dé apariencia de razón para oponerse al gobierno, a la 4T y por sobre todas las cosas al presidente López Obrador. Entre otros: los seguidores de los partidos opositores, los que perdieron privilegios inmerecidos, los que salieron de posiciones de gobierno de PRI, PAN y PRD, los que no encuentran formas de obtener contratos o concesiones por medio de actos de corrupción y -lo que es más lamentable- ciudadanos que pertenecen a una clase social apenas arriba de la pobreza pero que eufemísticamente le llaman clase media y de clase media real. Es lamentable porque parecen vivir un “Síndrome de Estocolmo”, aquel en que existe una vinculación afectiva entre rehenes y captores; ciudadanos que como si les hubieran hecho un lavado de cerebro sufren de amnesia, de masoquismo, o de un insensato aspiracionismo que busca un sentido de pertenencia con aquellos que desvalijaron el país.
Se les olvida que a quienes defienden es a aquellas élites que se repartieron y entregaron los bienes de la nación con sus parientes, amigos y socios: fueran yacimientos petroleros, minas, bosques, reservas naturales, concesiones; los que cobraron sobreprecios por obras y servicios inexistentes; los que a través de fideicomisos y ONG´s se sirvieron gran parte de los presupuestos nacionales.
Estas élites acompañadas de sus pares de presunta intelectualidad (mejor conocidos como los abajo firmantes), amparadas en una supuesta objetividad ante la política y que ejecutan gran parte de sus decisiones de manera discrecional, sin transparencia, en colusión con intereses privados y de espalda a la sociedad, que se amparan en el aval de sus propias consultoras privadas, mercados financieros, agencias calificadoras, redes empresariales, organizaciones filantrópicas, los mass media y la fuerza del crimen organizado, son quienes inciden en crear la opinión de estos aspiracionistas (que no tiene nada que ver con la sana aspiración a mejorar la condición social y económica)
La aspiración o ambición legítima intenta alcanzar sus objetivos sin lesionar intereses de terceros, bajo un contexto de beneficio personal y social a diferencia del aspiracionismo que trata de “triunfar”, de tener “éxito” sin merecerlo y a costillas de otros sin importarle los medios a los que tenga que recurrir.
Sin embargo a la poco politizada y en muchos casos alienada masa opositora le han hecho creer (las élites) que la izquierda consiste en volverse pobres porque “es malo ser rico” cuando en el México de hoy lo que la izquierda fundamenta es el que todos podamos acceder a los mismos derechos por el simple hecho de ser ciudadanos mexicanos.
