El daño en la SCT de Peña es de al menos 10 mil millones. Y no sólo Ruiz Esparza: 74 funcionarios más

Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, y algunos de sus más cercanos colaboradores son investigados por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. A lo largo del sexenio pasado, la Auditoría Superior de la Federación detectó casi 10 mil millones de pesos en probables daños al erario público que involucran a cuando menos 75 funcionarios.–Con información de Daniela Barragán

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El abanico de casos por actos de corrupción y desvío de recursos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Gerardo Ruiz Esparza continúa bajo un proceso de investigación que no se debilitó, a pesar del fallecimiento de uno de los hombres más fieles al expresidente Enrique Peña Nieto.

La semana pasada, un juez federal dio luz verde para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) coadyuve a la Fiscalía General de la República (FGR) con las investigaciones por ilícitos cometidos durante el sexenio pasado, incluyendo los presuntos desfalcos e irregularidades en diversos proyectos de infraestructura pública de la SCT, que entre 2013 y 2018, generaron probables daños a la Hacienda Pública Federal por al menos 9 mil 722 millones 608 mil 404.02 pesos, de acuerdo con cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) analizadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo.

Desde finales del año pasado, la UIF de Santiago Nieto Castillo luchó para colaborar en las investigaciones en contra de Ruiz Esparza, no sólo porque el Ministerio Público Federal trató de impedir que se involucrara, sino también porque según Nieto Castillo, “en la SCT no dejaron piedra sin labrar”, lo que implica que hubo actos de encubrimiento y obstrucción de la justicia por parte de altos funcionarios públicos de la SCT del peñanietismo.
Aunque Ruiz Esparza falleció hace medio año a causa de un infarto cerebral, los probables actos de corrupción durante su gestión como Secretario de Estado siguen vigentes, sobre todo considerando que además de él hubo decenas de funcionarios públicos de alto nivel involucrados directa o indirectamente, quienes podrían ser investigados y llamados a rendir cuentas ante la UIF y la FGR.

La primera categoría de irregularidades causó probables perjuicios económicos por 5 mil 90 millones 300 mil 213.70 pesos, o el equivalente al 52.4 por ciento de los posibles daños registrados durante el periodo. La segunda categoría sumó irregularidades por 2 mil 398 millones 716 mil 48.18 pesos (24.7 por ciento) y la tercera por 2 mil 233 millones 592 mil 142.14 pesos (23 por ciento).

A grandes rasgos, los presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos incluyen faltas administrativas relacionadas con el probable desvío de recursos, irregularidades en el manejo del dinero público, anomalías en la ejecución, contratación y concesión de obras, bienes y servicios, además de inconsistencias en la información financiera o programática de las entidades fiscalizadas, de acuerdo con los supuestos de denuncia establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Los datos de la ASF también indican que la mayor parte (60.4 por ciento) de los probables daños al erario público de la SCT de Ruiz Esparza ocurrieron por presuntas faltas administrativas cometidas por funcionarios de los órganos desconcertados de la dependencia federal. El resto de los perjuicios ocurridos sería responsabilidad de las distintas áreas centralizadas de la Secretaría (23.7 por ciento) y de las coordinaciones estatales de la SCT (15.9 por ciento).

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