Aunque tengan investigaciones por abuso sexual, peculado, amenazas, desaparición forzada o vínculos con el crimen organizado, 18 aspirantes a convertirse en jueces y magistrados federales en México sí aparecerán en las boletas del próximo 1 de junio. ¿La razón? El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral decidieron no revisar su idoneidad… al menos no antes de la votación.
Entre los nombres hay desde personas con carpetas de investigación abiertas, hasta quienes fueron abogadas defensoras de líderes del narco o que han sido sancionados por liberar a integrantes de cárteles. La lista fue entregada por el Congreso de la Unión, con el respaldo de Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente, quienes argumentaron que estas personas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”.
Los peores casos: de narcoabogados a órdenes de aprehensión
La solicitud del Congreso está sustentada en informes oficiales de la FGR. Por ejemplo:
- Arturo César Morales Ramírez, aspirante a magistrado, tiene una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada.
- Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca, seleccionado por el Poder Judicial, fue imputado por abuso sexual.
- Jesús Karina Almada Rábago y María de Jesús López Guzmán fueron abogadas de personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales, según expedientes federales.
- Ángel Antonio Villegas Cortes y Noel Castro Melgar enfrentan cargos por lesiones, amenazas, peculado y abuso sexual.
De los 18 nombres impugnados, 13 son candidatos a jueces y 5 a magistraturas. Quince son hombres y tres mujeres. Además, diez fueron seleccionados por el Comité de Evaluación del Ejecutivo (liderado por Arturo Zaldívar), cinco por el Legislativo y cuatro por el Judicial.
Otros 12 con historial cuestionable… pero sin carpeta formal
Aunque no enfrentan una investigación penal formal, otros 12 candidatos fueron señalados por “no tener buena reputación” y haber beneficiado a criminales desde el Poder Judicial. Por ejemplo:
- Fernando Escamilla Villareal fue abogado del “Z-40”, líder de Los Zetas.
- Jesús Humberto Padilla Briones fue detenido con bolsas de cristal en 2023, según una nota informativa.
- Julio Veredín Sena, Aníbal Castro Borbón y Conrado Alcalá Romo habrían beneficiado con amparos a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y a “El Güero” Palma.
- Francisco Herrera Franco es señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
- Leopoldo Javier Chávez fue imputado por delitos contra la salud.
Entre los aspirantes a magistrados también hay señalamientos graves:
- Francisco Martín Hernández Zaragoza fue destituido del Poder Judicial por abuso sexual.
- Edgar Agustín Rodríguez Beiza fue acusado por abuso sexual contra una alumna.
- Andrés Montoya García enfrenta una imputación por desaparición forzada contra un periodista.
¿Y el INE? Que lo revise después
Pese a estos señalamientos, el INE decidió que no revisará el fondo de los casos antes de la elección, y lo mismo resolvió la Sala Superior del TEPJF. Es decir: estas personas aparecerán en la boleta del 1 de junio, sin importar si tienen carpetas abiertas o si fueron parte del “cártel de los sabadazos”.
“La certeza se traduce en que quienes participen conozcan con claridad y anticipación las reglas”, dijo la consejera presidenta Guadalupe Taddei, justificando que no podían revisar los antecedentes penales de los aspirantes en este momento.
En resumen: mientras el país se prepara para elegir a sus primeras personas juzgadoras federales por voto directo, hay al menos 18 nombres con graves señalamientos que estarán en las boletas. Y por ahora, ninguna autoridad electoral va a mover un dedo.
