El gobierno de la 4T firmó dos acuerdos de cooperación con agencias francesas para fortalecer la capacidad de generación de energía eléctrica a través de fuentes limpias y estables.
El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a “callar” a la oposición; esto, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmara dos acuerdos de cooperación financiera y técnica con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y Électricité de France (EDF) para fortalecer la capacidad de generación de energía eléctrica a través de fuentes limpias y estables.
La acción de la CFE se da en el marco de la reforma eléctrica que el pasado 30 de septiembre la actual administración envió al Congreso, la cual, entre otras cosas, busca garantizar la transición energética.
A través de un comunicado, la Comisión explicó que busca contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a alcanzar los compromisos que el gobierno ha establecido con diferentes instancias a nivel internacional en materia de sustentabilidad.
En este sentido, especificó que con estos acuerdos, la AFD apoyará a la CFE con recursos financieros por 200 millones de euros a un plazo de 25 años, en condiciones financieras favorables, que serán destinados al desarrollo de proyectos basados en energías limpias.
Dentro de los proyectos de este mecanismo, se encuentra la rehabilitación y modernización de centrales hidroeléctricas que están en operación y cuya tecnología tiene más de 30 años.
“Los proyectos van a permitir incrementar la generación de energía eléctrica, la vida útil de las hidroeléctricas y la seguridad de la infraestructura, minimizando los impactos ambientales y sociales en las regiones en donde se ubican, lo que contribuirá a disponer de una mayor confiabilidad, calidad, seguridad, soberanía, economía y sustentabilidad en el servicio público de energía eléctrica”, se detalla en el comunicado.
Además, se indicó que estas acciones contribuirán a incrementar la productividad de la CFE para generar valor económico y rentabilidad al Estado mexicano, así como a una mayor confiabilidad, calidad, seguridad y sustentabilidad en el suministro del servicio público de energía eléctrica en el país.
