La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este miércoles revocar la suspensión provisional que impide detener a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán y uno de los perfiles más cuestionados del perredismo en la última década. La medida busca allanar el camino para procesarlo penalmente por su presunta participación en un desfalco millonario al erario público.
De acuerdo con la FGR, Aureoles habría encabezado un esquema de desvío de recursos por aproximadamente tres mil 400 millones de pesos, principalmente a través de la compra inflada de cuarteles para la Guardia Civil en distintos municipios de Michoacán, durante su mandato entre 2015 y 2021.
El recurso legal presentado, conocido como “incidente de revocación”, pretende anular o modificar la suspensión que actualmente le protege de una eventual aprehensión. Sin embargo, el caso podría ser revisado por el mismo juzgado que otorgó la medida cautelar, lo que mantiene en duda su resolución inmediata.
El exmandatario ya pagó una garantía de 52 mil pesos impuesta por el juez para mantener vigente la suspensión, aunque la Fiscalía no descarta solicitar prisión preventiva justificada, dadas las dimensiones del daño patrimonial.
Cabe recordar que el pasado 23 de abril, Aureoles interpuso un amparo contra cualquier orden de aprehensión, el cual fue concedido por un secretario en funciones del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.
El caso pone de nuevo en evidencia los mecanismos de impunidad que han blindado a exgobernadores acusados de corrupción y abre la pregunta de fondo: ¿habrá justicia o volverá a ganar la simulación?
