El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no solo enfrenta cargos por peculado, fraude y lavado de dinero. Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por un intento más burdo: haber falsificado su firma para frenar una orden de aprehensión.
De acuerdo con documentos judiciales, la Fiscalía Anticorrupción presentó un incidente de falsedad de firma en el juicio de amparo que Aureoles promovió para evitar ser detenido. ¿La razón? La firma que aparece en el escrito del pasado 8 de mayo —con el que el exmandatario solicitó audiencia ante la jueza que ordenó su detención— no coincide con la que presentó en la demanda de amparo original.
La jueza Jovita Vargas, encargada de resolver el amparo, admitió el incidente y ordenó una pericial en grafoscopía. La FGR ya designó a un perito y tanto Aureoles como el juzgado podrán nombrar a los suyos. Si se confirma la falsificación, las consecuencias legales podrían alcanzar no solo al exgobernador, sino también a su defensa legal e incluso a la propia jueza, acusada de mantener vigente una suspensión con base en documentos posiblemente alterados.
Aureoles cuenta actualmente con una suspensión definitiva que lo protege de ser detenido, pero tiene hasta el 22 de mayo para cumplir dos condiciones clave: pagar una garantía de 1 millón de pesos y presentarse personalmente ante la jueza de control Patricia Sánchez Nava, quien giró la orden de aprehensión en su contra.
Desde hace años, Aureoles ha evadido múltiples señalamientos relacionados con el uso indebido de recursos durante su gestión como gobernador de Michoacán (2015–2021). Hoy, no solo está acusado de corrupción, sino también de usar firmas falsas y mecanismos judiciales cuestionables.
