La senadora de Morena, Imelda Castro, es la autora de la Ley del Seguro de Desempleo, una iniciativa que pretende proteger a las familias, coadyuvando a la estabilidad del consumo y a la reactivación del mercado interno.
En el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó en el Senado de la República una iniciativa de ley que establece un seguro de desempleo equivalente a 30 días de salario mínimo.
Dicha suma podría entregarse una vez cada dos años en un periodo de cuatro meses, extendiéndose hasta seis meses en situaciones de emergencia como crisis sanitarias y desastres naturales. Esto significa que, de aprobarse, las personas beneficiadas podrían recibir una suma equivalente a 25 mil 506 pesos.
La intención es que la ayuda sea cubierta con recursos federales y que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) sea la instancia encargada del programa.
La senadora de Morena, Imelda Castro, es la autora de la Ley del Seguro de Desempleo, una iniciativa que pretende proteger a las familias, coadyuvando a la estabilidad del consumo y a la reactivación del mercado interno.
Además, uno de los objetivos del proyecto es que las personas que sean beneficiadas asistan a jornadas de capacitación para promover la reinserción laboral y la participación en programas de empleo; esto, con el fin de mejorar las condiciones del mercado laboral en el país.
De igual manera, las personas que sean acreedoras a este seguro (que es personal e intransferible) deberán cumplir con cinco requisitos:
- Ser mayor de 18 años.
- Haber laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona con domicilio fiscal en el país, por al menos seis meses.
- Residir en el territorio nacional.
- No percibir otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa, ni ser beneficiario de cualquier programa social otorgado por el gobierno federal.
- Ser demandante activo de empleo.
La Ley del Seguro de Desempleo funcionaría como un mecanismo de política pública que podría brindar protección a las y los mexicanos que han sido víctimas del desempleo, o que no puedan laborar por causas extraordinarias.
