La propuesta de imponer un impuesto a las remesas enviadas desde Estados Unidos a México no solo representa una agresión económica a millones de familias mexicanas, sino que viola tratados internacionales y discrimina directamente a los migrantes.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el planteamiento —impulsado por sectores conservadores en EE. UU.— implicaría que las y los trabajadores mexicanos paguen doble tributación: primero el impuesto sobre la renta en EE. UU., y después un nuevo impuesto a las remesas que envían a sus familias.
La SHCP advirtió que esta medida sería violatoria del principio de no discriminación establecido en el Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos. Según el Artículo 25 de dicho acuerdo, ningún extranjero puede recibir un trato fiscal más gravoso que un ciudadano estadounidense en las mismas condiciones. Este tipo de impuestos, además de ser jurídicamente cuestionables, atentan contra el espíritu de cooperación bilateral que sustenta dicho tratado.
Las cifras son claras:
- En 2024, México recibió 64 mil 700 millones de dólares en remesas, equivalentes al 3.5% del PIB nacional.
- El 97% proviene de trabajadores en EE. UU., sobre todo de California, Texas y Colorado.
- Estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas dependen en gran parte de este flujo: las remesas representan hasta el 16% del PIB estatal.
- En términos familiares, llegan a constituir más del 20% del ingreso de los hogares receptores, ayudando a reducir la pobreza.
Además, los trabajadores migrantes ya pagan impuestos en EE. UU. a tasas que van del 10% al 37%. Un nuevo impuesto a las remesas sería un castigo adicional por el solo hecho de ser extranjeros, y afectaría directamente a quienes, con su trabajo, sostienen economías familiares enteras a lo largo del país.
Desde el Gobierno de México se ha dejado claro: la propuesta es discriminatoria, injusta y violatoria de tratados internacionales. En un contexto donde las remesas son un pilar económico para millones de hogares, no se puede permitir que intereses políticos criminalicen la solidaridad migrante.
