Desde 1994, México y Estados Unidos mantienen en vigor un Convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal. Este acuerdo, firmado en Washington D.C., garantiza que ningún nacional de un país firmante puede recibir un trato fiscal más gravoso que el que recibe un ciudadano del país anfitrión. Sin embargo, una reciente propuesta legislativa en la Cámara de Representantes de EE. UU. busca imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas a México, lo que viola directamente ese principio.
Según el propio texto del convenio, el Artículo 25 prohíbe expresamente el trato fiscal discriminatorio entre nacionales de ambos países. Pero la propuesta estadounidense apunta precisamente a migrantes que no pueden acreditar ciudadanía o residencia permanente, aplicando un gravamen exclusivo que recae sobre ingresos ya generados y previamente tributados. Es decir, los trabajadores pagarían doble: primero en EE. UU., luego por enviar dinero a sus familias.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Hacienda han sido enfáticas: este impuesto es contrario a derecho, ya que no grava el consumo, ni la producción, ni la transferencia de bienes, sino directamente la utilización del ingreso personal, lo cual es una forma indirecta de castigar la condición migrante.
El Gobierno de México advierte que una medida así no solo es discriminatoria, sino que representa una violación frontal al marco jurídico bilateral, y manda un mensaje de criminalización a quienes sostienen, con su trabajo, a millones de familias mexicanas.
