Entre noviembre y diciembre de 2022 se perdieron 346 mil puestos de trabajo, de los cuales 69% eran permanentes
El gobierno federal sigue detectando prácticas ilegales en materia laboral cada fin de año. Por cuarto año consecutivo, autoridades encontraron que patrones mantienen la práctica de dar de baja a sus trabajadores en diciembre para contratarlos de nuevo en enero.
Dicha práctica es más común en quienes tienen contrato permanente tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Según información del IMSS, entre noviembre y diciembre de 2022 se perdieron 346 mil puestos de trabajo, de los cuales 69% eran permanentes. Y, durante enero de 2023 fueron recontratadas por la misma empresa 126 mil 727 personas trabajadoras dadas de baja en diciembre de 2022.
“Las bajas injustificadas impactan negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de las personas trabajadoras afectadas”, señaló la dependencia.
Además, de acuerdo con las autoridades, aunque existen contrataciones temporales legítimas, muchas personas trabajadoras dadas de baja en el mes de diciembre y recontratadas en enero están registradas por los patrones ante el IMSS como permanentes. “Por tanto, estas bajas son una práctica totalmente irregular”.
Estas serán las medidas
Por lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el IMSS y el Infonavit enviaron cartas a los patrones que presuntamente incurren en estas prácticas.
Lo anterior, con el propósito de que revisen si el manejo de su plantilla laboral se encuentra acorde al marco normativo vigente y eviten realizar acciones que vulneren los derechos de las personas trabajadoras. Así como eludir obligaciones en materia laboral y de seguridad social.
Asimismo, las autoridades señalaron que el incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social tiene consecuencias legales que pueden poner en riesgo las finanzas de las empresas. Y, según se informó, podrían ocasionar que los patrones enfrenten responsabilidades administrativas y fiscales.
